La diputada Fuensanta Guerrero exhorta al Gobierno de Zacatecas a implementar campañas de sensibilización y programas preventivos sobre los riesgos penales derivados del uso inadecuado de la Inteligencia Artificial (IA) con fines sexuales.
La diputada federal recordó que el Código Penal establece penas de hasta 16 años de prisión para quienes produzcan, reproduzcan, distribuyan o comercialicen pornografía infantil, incluyendo contenido generado o manipulado digitalmente.
El llamado fue por un punto de acuerdo, ya publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, en ese se sostiene que la normativa vigente no avanza al mismo ritmo que la tecnología.
Y resulta indispensable capacitar a profesores, madres y padres de familia, tutores y personal directivo para identificar riesgos y actuar de forma adecuada ante posibles casos de violencia digital.
Fuensanta Guerrero enfatizó en lo fundamental dr informar y sensibilizar al estudiantado, particularmente a los adolescentes y juventudes, de las consecuencias legales y emocionales de estas conductas.
La propuesta surge tras los graves hechos registrados en la Secundaria Técnica No. 1, en su natal Zacatecas, donde un adolescente creó un catálogo pornográfico utilizando IA para manipular imágenes de unas 400 compañeras, material que luego difundió en Internet.
La zacatecana calificó el caso como un ejemplo alarmante del daño que puede causar el uso irresponsable de estas tecnologías.
“La Inteligencia Artificial puede ser una herramienta poderosa para el aprendizaje, pero también puede convertirse en un arma que destruye vidas cuando se utiliza con fines de violencia sexual digital. No podemos esperar a que una tragedia toque las puertas de cada escuela del país para actuar”, declaró.
Y advirtió que la sociedad no puede permitir que la innovación tecnológica se convierta en una amenaza para niñas, niños, adolescentes y juventudes, quienes son más susceptibles a ser víctimas de estas prácticas.
“La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”, advirtió
Por eso urgió a las autoridades estatales a establecer campañas permanentes en centros educativos, junto con capacitación especializada para personal docente, a fin de garantizar que se reconozca el problema, se proteja a las víctimas y no se encubra a las personas agresoras.
