La dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA) Sección 39 en Zacatecas, Norma Castorena, advirtió de la posible la radicalización de las protestas ante el incumplimiento en el pago del programa de profesionalización.
En una conferencia de prensa A las afueras de palacio de gobierno antes de iniciar un diálogo con el secretario de salud del estado, Norma Castorena afirmó que se mantuvo una postura conciliadora y aportó alternativas de solución en las mesas de diálogo.
Subrayó que el programa de profesionalización para enfermeras y trabajadoras sociales es un derecho adquirido y citó el artículo 19 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y ninguna transición de autoridad debe entorpecer los pagos vigentes.
La líder sindical señaló que el acuerdo del 15 de enero del 2026 se determinó la integración de las categorías de enfermería en el censo de plantilla bajo el código M02105 de enfermera general C.
Norma Castorena manifestó que el convenio modificatorio de agosto de 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece con claridad que esta prestación corresponde al Estado.
En relación con la postura del Ejecutivo estatal, lamentó que el gobernador posea información incorrecta y recordó que el gobernador firmó el convenio y debe conocer que los derechos ganados desde el 2010 no pueden omitirse bajo el argumento de insuficiencia financiera o el cambio de administración.
Enfatizó además en que los conocimientos de Derecho laboral obligan al reconocimiento de lo pactado, especialmente en un esquema que opera desde el año 2002 a nivel federal.
Castorena explicó que el personal de enfermería cuenta con títulos y cédulas que avalan su formación como licenciadas o especialistas y posgrados, entonces -consideró- resulta improcedente incitar al personal a realizar funciones de auxiliares cuando su responsabilidad legal y profesional les exige aplicar procesos de atención completos.
En Zacatecas, el programa beneficia a 744 enfermeras federales, el 95 por ciento tiene especialización o formación general para garantizar la calidad en el servicio a la ciudadanía.
El pago mensual al personal en ese permanente es de unos cuatro millones de pesos, se concentra en cinco hospitales generales y diversas unidades transferidas.
Advirtió que la asamblea determinó la continuidad de las manifestaciones en hospitales comunitarios, centros de salud y en el Hospital de Especialidades de Salud Mental.
Rechazó la politización de la salud y reiteró que la defensa de los derechos laborales surge ante la falta de pago y la incertidumbre que genera la transición administrativa.
Finalmente, llamó al diálogo y a la construcción de soluciones basadas en la razón y en los convenios escritos para evitar que el Estado enfrente responsabilidades jurídicas posteriores.
