Mario
Me han preguntado sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de la delincuencia organizada. Es un tema fuerte y la respuesta no es sencilla, pero vale la pena entenderlo.
Cuando en las noticias aparece un adolescente detenido o involucrado en un hecho delictivo, generalmente nos quedamos con la consecuencia.
Vemos el resultado, pero pocas veces preguntamos qué ocurrió antes, qué condiciones permitieron que ese menor terminara siendo utilizado por grupos criminales.
Los especialistas y las organizaciones que estudian este fenómeno coinciden en que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes no ocurre por una sola causa.
Existen factores como el abandono escolar, la falta de oportunidades, la violencia dentro del entorno familiar, la pobreza y la presencia de grupos delictivos en algunas comunidades.
En otros casos, los menores son engañados con falsas ofertas de trabajo o sometidos mediante amenazas y coerción.
Organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y UNICEF han advertido sobre la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a la captación por parte de grupos criminales.
Por eso, enfrentar este problema no puede limitarse a detener a quienes reclutan; también implica fortalecer la educación, generar oportunidades para los jóvenes, proteger a las familias y atender los entornos donde la delincuencia encuentra condiciones para operar.
En Zacatecas existe además un problema legal: el reclutamiento de menores por los grupos criminales no está tipificado como un delito específico dentro del Código Penal del estado.
Aunque los organismos internacionales han insistido en la necesidad de reconocer y sancionar esta conducta en el país, actualmente estos casos deben perseguirse mediante otras figuras legales, como corrupción de menores, trata de personas, delincuencia organizada o secuestro.
La realidad muestra que no se trata de un problema lejano. En los últimos meses, los operativos de seguridad han reportado la presencia de adolescentes vinculados con actividades delictivas. El pasado 18 de julio, por ejemplo, fueron detenidos un menor de 15 años y una adolescente de 16 años por su presunta participación en hechos relacionados con grupos criminales.
Pero el problema no comienza con la detención. Comienza mucho antes, cuando un menor crece en un entorno donde la violencia, la falta de oportunidades o la ausencia de redes de protección lo vuelven vulnerable frente a quienes buscan incorporarlo a sus actividades.
Esa misma falta de reacción oportuna se ha señalado en otros temas relacionados con las víctimas de la violencia. Un ejemplo fue la relación entre el gobierno estatal y los colectivos de madres buscadoras.
Durante años, familiares de personas desaparecidas solicitaron un encuentro con el gobernador David Monreal Ávila, sin que se concretara. La reunión ocurrió después de la intervención de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, durante una visita a Zacatecas.
El hecho abrió nuevamente el debate sobre la capacidad de las instituciones para escuchar a quienes enfrentan directamente las consecuencias de la violencia.
Porque los problemas de seguridad no aparecen de un día para otro; se construyen durante años y requieren respuestas que vayan más allá del discurso, de esa narrativa sentimental y triunfalista de la nueva gobernanza qué os hechos destrozan.
Entender el problema es el primer paso para resolverlo. Pero para hacerlo se requiere reconocer que detrás de cada adolescente utilizado por la delincuencia existe una historia previa de vulnerabilidad que, en muchos casos, el Estado no le alcanzó para atender a tiempo.
