Mario Padilla
La disputa por el Hotel Parador del ISSSTEZAC dejó de ser únicamente una discusión sobre un inmueble. Hoy representa un debate más amplio sobre la forma en que se toman decisiones sobre el patrimonio público, la crisis financiera del sistema de pensiones y la relación entre el Gobierno y los órganos encargados de impartir justicia.
La administración estatal sostiene que la entrega del Hotel Parador mediante una dación en pago es una medida necesaria para atender un adeudo cercano a los 315 millones de pesos del ISSSTEZAC y darle mayor viabilidad financiera al instituto para cumplir con sus obligaciones, entre ellas el pago de pensiones y aguinaldos.
El argumento del Gobierno es que el inmueble representaba más pérdidas que beneficios y que mantenerlo bajo la administración del instituto afectaba las finanzas de un organismo que enfrenta desde hace años una situación complicada.
Pero la decisión también generó inconformidad entre trabajadores, jubilados y derechohabientes, quienes consideran que el hotel forma parte del patrimonio construido durante décadas y cuestionan si entregarlo era realmente la única alternativa para enfrentar la crisis del ISSSTEZAC.
A esta discusión se sumó un nuevo capítulo luego de que el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, cuestionara públicamente la difusión de una presunta suspensión provisional relacionada con el juicio de amparo promovido contra la dación en pago.
El funcionario afirmó que, hasta ese momento, las autoridades estatales no habían sido notificadas oficialmente de una resolución de ese tipo y señaló que, de confirmarse que un particular tuvo conocimiento previo de una decisión judicial antes que las partes involucradas, tendría que investigarse una posible irregularidad.
Este martes la respuesta del abogado Jorge Rada fue inmediata y rechazó los señalamientos de corrupción y colusión, al considerar que se trata de acusaciones graves sin pruebas. Sostuvo que no es la primera ocasión en que, ante resoluciones judiciales que no favorecen al Gobierno, se recurre a la descalificación pública de jueces, magistrados o abogados.
También recordó otros casos en los que autoridades estatales cuestionaron decisiones judiciales, como las suspensiones relacionadas con el segundo piso del bulevar, los amparos promovidos contra las corridas de toros durante la Feria Nacional de Zacatecas y la resolución de la Suprema Corte sobre diversos artículos de la reforma al ISSSTEZAC.
Más allá del intercambio de declaraciones, el punto central sigue estando en los tribunales. La legalidad de la operación deberá definirse mediante los argumentos y las pruebas que presenten las partes involucradas.
Si existen elementos para acreditar una conducta irregular, corresponde acudir a las instancias competentes y demostrarlo. Si una autoridad toma una decisión y un ciudadano considera que afecta sus derechos, tiene la vía constitucional del amparo para buscar que un juez revise ese acto.
Lo que Zacatecas necesita en este momento no es una confrontación permanente entre funcionarios, abogados y órganos judiciales. Necesita certeza.
Porque el Hotel Parador no es solamente un edificio. Es un activo público, es parte de la historia del ISSSTEZAC y está relacionado con los derechos de miles de trabajadores y pensionados.
La solución de este conflicto debe pasar por la transparencia, por el respeto a las resoluciones judiciales y por la capacidad de todas las partes para defender sus posiciones con argumentos y pruebas.
Al final, la confianza en las instituciones no se construye cuando una resolución favorece a una de las partes. Se construye precisamente cuando las decisiones que no gustan también son respetadas dentro del marco de la ley.
