Mario Padilla
Las desapariciones de personas dejaron hace tiempo de ser únicamente un problema de seguridad. Hoy representan uno de los mayores desafíos para las instituciones de justicia, los servicios forenses, los gobiernos municipales y, por supuesto, para el Estado.
Hay una iniciativa que desde hace un año permanece en la Legislatura de Zacatecas. Se ha trabajado con diputados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y colectivos de búsqueda.
Al revisarla con detenimiento, queda claro que va más allá de una simple armonización con la legislación federal, que de por sí ya sería relevante.
La propuesta es ambiciosa y plantea crear una Alerta Estatal de Búsqueda, un Centro de Resguardo Temporal Forense, un Consejo Ciudadano integrado por familiares de personas desaparecidas y especialistas, además de un fondo para financiar las acciones de búsqueda.
También incorpora la atención de los llamados casos de larga data, para fortalecer la localización de personas cuyos expedientes permanecen sin resolverse desde hace años.
La iniciativa también obligaría a los 58 municipios de Zacatecas a incorporarse al mecanismo estatal de búsqueda y asumir responsabilidades directas.
Esa combinación de medidas podría cerrar vacíos que durante años han señalado los colectivos de familias buscadoras.
Sin embargo, la experiencia demuestra que las leyes, por sí solas, no encuentran personas desaparecidas. La verdadera prueba llegará cuando sea necesario asignar presupuesto, contratar personal especializado, ampliar la capacidad forense, capacitar a las corporaciones municipales, conectar bases de datos y garantizar que cada institución cumpla las nuevas obligaciones.
Ahí es donde muchas reformas terminan perdiendo fuerza.
Otro aspecto que no debe pasar inadvertido es el papel que asumirán los municipios. Hasta ahora, buena parte de la responsabilidad ha recaído en instancias estatales y federales. Con esta propuesta, los ayuntamientos tendrán obligaciones legales y plazos para actuar.
En un estado con profundas diferencias en capacidad operativa y recursos entre municipios, cumplir esas disposiciones será uno de los principales retos.
El debate en el Pleno también será un termómetro político. Resulta difícil imaginar que algún grupo parlamentario se oponga a una legislación sobre desaparición de personas.
La discusión probablemente no girará en torno a la necesidad de la ley, sino a la capacidad del Estado para hacer realidad cada uno de los mecanismos que plantea.
Porque el éxito de esta reforma no se medirá por el número de artículos que contenga ni por la rapidez con que sea aprobada.
Se medirá cuando una familia denuncie una desaparición y las instituciones respondan con rapidez, coordinación y resultados.
Si eso ocurre, la ley habrá cumplido su propósito. Si no, será otro ordenamiento bien escrito que no logró cambiar la realidad.
