Charlas. La tragedia de Tamaulipas también pone a prueba a Zacatecas

Mario Padilla
La muerte de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años en un curso de verano en una academia militarizada de Tamaulipas, cambió el debate nacional. Parecía un caso aislado, pero terminó por exhibir la falta de regulación en este tipo de instituciones y llevó a la Secretaría de Educación Pública a ordenar una revisión de los planteles con formación militarizada en el país.

Como se ha señalado desde el Gobierno de México, la instrucción de corte militar corresponde solo a las Fuerzas Armadas, es decir, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y se revisa la situación en los 32 estados del país.

La decisión también alcanzó a Zacatecas. ¿Por qué? Porque operan dos instituciones públicas: el Bachillerato General Militarizado y el Bachillerato General Policial.

El gobierno estatal recuerda que ambos fueron creados por decreto en 2019 y funcionan bajo un marco legal distinto al de las academias privadas y, por esa razón, solicitó a la SEP que su situación sea analizada por separado.

Se dio a conocer en una entrevista, así como en un comunicado de prensa, algo reiterativo en cada párrafo y, obligatoriamente, atribuido al responsable de la política interna de Zacatecas, claro, no sin antes mencionar al gobernador. Al mejor estilo priista del pasado que tanto les duele y del que muchos de ellos salieron.

Más allá de eso, la diferencia es importante porque ahora la obligación —no el tan llevado y traído «compromiso», impulsado en el discurso de Morena y copiado por todos los partidos y políticos faltos de preparación en todo instituto político— es resolver la discusión de fondo, porque lo sucedido en Tamaulipas obliga a revisar si los mecanismos de supervisión son suficientes para garantizar la seguridad de los estudiantes.

No se trata de cuestionar la disciplina, el civismo o la formación que ofrecen esos planteles; se trata solo de confirmar que existen protocolos claros, personal capacitado, supervisión permanente y límites que impidan cualquier abuso.

Eso bien podría aplicarse a cualquier escuela; baste echar una ojeada al caso de la Normal Rural de Oaxaca y sus «novatadas».

Pero las autoridades sostienen que los bachilleratos de Zacatecas han operado sin incidentes y cuentan con reconocimiento por su desempeño académico.

Eso, en buena medida, es cierto: no destacan por ser conflictivos, sino porque son buscados por los jóvenes egresados de secundaria. Entonces, la revisión ordenada por la SEP representa una oportunidad para demostrar que ambos modelos cumplen con los estándares de protección que la sociedad exige.

Porque después de Tamaulipas la discusión dejó de ser si una escuela utiliza algún tipo de uniforme militar o tiene prácticas disciplinarias; ahora debemos preguntarnos si cualquier escuela, academia, pública o privada, tiene la capacidad de proteger la integridad física y emocional de sus alumnos.

Debe señalarse que, en el caso de los bachilleratos militarizado y policial de Zacatecas, ambos son públicos. Esa es la diferencia fundamental con otros estados del país y, en concreto, con el caso de Tamaulipas.

En todo eso, la revisión no debe entenderse como una amenaza para Zacatecas, sino como una oportunidad para fortalecer la confianza de las madres, los padres de familia y los estudiantes.

Cuando se trata de la seguridad de los menores, la transparencia nunca sobra. Más aún cuando el gobierno federal impulsó la desaparición de los organismos constitucionalmente autónomos encargados de garantizar el acceso a la información pública, bajo el argumento de combatir la burocracia y trasladar esas funciones a otras instancias del Estado.

En ese contexto, la transparencia es un tema que sigue generando dudas y resistencias en la 4T y en la gobernanza zacatecana —ya ni tan nueva—. La prevención siempre será mejor que lamentar otra tragedia.

Y, como burbuja, surge una duda: ¿No será necesario revisar otro tipo de academias e institutos, civiles y religiosos? Reitero: mera duda.

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