Mario Padilla
El debate sobre el nepotismo electoral en México ha tendido a mezclar planos que, aunque relacionados, no tienen el mismo alcance ni las mismas consecuencias. Por un lado está la reforma constitucional aprobada en 2025; por otro, las reglas internas de los partidos políticos; y finalmente, la dinámica real de las alianzas electorales.
La reforma constitucional contra el nepotismo establece restricciones para la postulación de familiares cercanos de quienes ocupan cargos de elección popular.
Sin embargo, su entrada en vigor fue fijada para 2030.
Ese dato es clave. Significa que para el proceso electoral de 2027 no existe todavía una prohibición constitucional aplicable. En términos estrictamente jurídicos, ningún partido está impedido por esa reforma para postular candidatos en el próximo ciclo electoral.
El segundo plano es el partidista.
Morena se planteó criterios internos más estrictos para evitar la postulación de familiares en procesos locales y federales desde 2027. Sin embargo, esas reglas obligan únicamente a su propia estructura. No se extienden automáticamente a otras fuerzas políticas ni sustituyen el marco constitucional vigente.
Incluso hoy, la propia presidenta Claudia Sheinbaum volvió a marcar esa diferencia al referirse al debate sobre el nepotismo electoral. La mandataria reiteró que la reforma constitucional entrará en vigor hasta 2030, mientras que Morena decidió adoptar criterios internos para aplicarlos desde el proceso electoral de 2027.
La precisión resulta relevante porque ayuda a entender el origen de buena parte de la confusión actual. Una cosa es la norma constitucional que, una vez vigente, aplicará para todo el sistema político; otra muy distinta son las reglas que un partido decide imponerse a sí mismo antes de que esa disposición entre en operación.
En el actual entorno de polarización y simplificación del debate público, con frecuencia se presenta esa regla interna como si fuera una prohibición general aplicable a todo el sistema político. Y no lo es.
En ese marco aparecen distintos casos que suelen colocarse dentro de una misma discusión, aunque no necesariamente responden a la misma lógica.
Los casos de Saúl Monreal en Zacatecas y Félix Salgado Macedonio en Guerrero suelen citarse porque involucran directamente la discusión sobre los criterios internos que Morena decidió adoptar para sus futuras postulaciones.
El caso de San Luis Potosí es distinto. Ahí el debate gira alrededor de Ruth González y del grupo político encabezado por el gobernador Ricardo Gallardo. La discusión se ubica en otro terreno, porque interviene el Partido Verde Ecologista de México, que no está sujeto a los lineamientos internos de Morena.
Algo similar ocurre con otros ejemplos que suelen aparecer en la conversación pública, como el de Mariana Rodríguez en Nuevo León. Son casos que pueden alimentar el debate sobre vínculos familiares y acceso al poder, pero que no dependen de una regla interna de Morena para ser analizados.
Un caso diferente es el de Verónica Díaz en Zacatecas.
Su situación no se basa en un parentesco directo con el gobernador. En el pasado existió una relación de afinidad al haber sido su cuñada, pero ese vínculo jurídico quedó extinguido con el divorcio, por lo que el caso no encaja en los supuestos clásicos de sucesión familiar inmediata que suelen asociarse al nepotismo electoral.
Sin embargo, sí genera discusión pública su cercanía con el grupo político gobernante en Zacatecas y la percepción de continuidad de un mismo bloque político.
Por ello, el debate en torno a una eventual aspiración de Verónica Díaz se ubica más en el terreno de la cercanía política y de la continuidad de grupos de poder que en el de una relación familiar directa.
La confusión recurrente proviene de asumir que una sola regla explica todos los escenarios.
En realidad, el sistema opera en capas. La Constitución fija límites generales que entrarán en vigor hasta 2030; los partidos establecen criterios internos con alcances distintos; las alianzas electorales introducen variables adicionales; y cada entidad traduce esas reglas en decisiones políticas concretas.
El resultado es un escenario en el que un mismo concepto —nepotismo electoral— produce efectos distintos según el plano desde el que se analice.
Por eso resulta equivocado atribuir todos los casos que hoy se discuten a una misma disposición o a una misma regla partidista. Algunos tienen que ver con criterios internos de Morena; otros involucran partidos distintos; otros más se relacionan con alianzas electorales; y algunos ni siquiera descansan en relaciones familiares directas, sino en la continuidad de grupos políticos.
Mezclar todos esos planos no ayuda a entender el fenómeno. Más bien contribuye a la confusión.
