Mario Padilla
El estado Zacatecas vive un momento complejo en materia de seguridad, pese al discurso triunfalista de la ya no tan nueva gobernanza.
Por un lado, los indicadores oficiales muestran una reducción importante en homicidios doloso, pero, por otro lado, la realidad cotidiana coloca sobre la mesa un delito que afecta directamente a ciudadanos, comerciantes y empresarios, ese es el delito de extorsión.
La investigación por el asesinato de diez personas volvió a poner el tema en el centro de la conversación pública la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas estatal sostiene que una de las principales líneas de investigación apunta hacia una posible red de extorsión y ha informado sobre detenidos, cateos, análisis de comunicaciones y seguimiento financiero.
Más allá del resultado de las investigaciones, el caso refleja una preocupación que ha crecido en distintos sectores productivos y esa el temor -fundado- de que las actividades económicas puedan quedar bajo presión de grupos criminales que buscan imponer cuotas o controles ilegales.
Desde octubre el SENSSP (Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública) en sus datos advirtió del aumento de ese delito, en Zacatecas allá del «No pasa nada» y el insistente, recurrente, discurso de baja de homicidios.
La respuesta del Estado no puede limitarse a la reacción después de los hechos, en ningún caso.
La seguridad también implica prevenir, investigar las redes financieras, proteger a quienes denuncian y recuperar la confianza de una sociedad que durante años ha cargado con el impacto de la violencia, y se refleja en la «cifra negra» de los renuentes a denunciar un ilícito por falta de confianza en las autoridades.
Zacatecas enfrenta hoy un desafío distinto al de los años más críticos, como el 2020, 2021 y 2022, porque el reto ya no es únicamente reducir los homicidios es también impedir que los delitos como la extorsión o la violencia familiar, el narcomenudeo, el robo, la desaparición de personas, se conviertan en una forma cotidiana de control sobre la vida pública y privada.
Porque la seguridad no se mide solamente por cuántos asesinatos ocurren, sino por la libertad con la que una persona puede abrir un negocio, trabajar, producir y, en resumidas cuentas, vivir sin miedo.
