Carlos Alvarado
Hoy vengo a hablar de Zacatecas. Aunque para llegar a Zacatecas, primero tengamos que atravesar el circo nacional y escuchar a medio país discutir por quién merece votar.
Todo comenzó con Natalia Torres, una abogada y creadora de contenido que dijo que no todas las personas deberían de votar y propuso cursos, exámenes de conocimientos cívicos para obtener la credencial de elector.
La idea es equivocada, no porque la educación cívica sea inútil, sino porque un derecho no puede convertirse en premio para quien apruebe el cuestionario diseñado por el poder.
El Artículo 35 Constitucional reconoce el derecho de la ciudadanía a votar. No exige memorizar las facultades del Senado, aprobar un psicométrico, ni presentar una carta de buena conducta firmada por el presidente de la colonia. Además, ya conocemos a México. Hoy el examen sería sobre división de poderes.
Mañana preguntarían por quién votaste y pasado mañana lo aplicaría el primo del dirigente del partido.
Platón estaría fascinado con nosotros.
Durante siglos discutimos cómo educar al ciudadano para la democracia y nosotros encontramos una solución muy mexicana: en vez de educarlo, mejor amenazamos con quitarle el voto.
Y hay que decirlo con claridad, recibir una pensión, una beca, una despensa o cualquier apoyo social no vuelve a nadie menos ciudadano.
El problema no es quién necesita ayuda, el problema es el político que convierte esa necesidad en una correa electoral. Quitarle el voto al pobre y dejar intacto al gobierno que administra la pobreza sería detener al enfermo y condenar a la enfermedad. Hasta ahí teníamos una idea equivocada, provocadora y discutible.
El problema comenzó cuando la ocurrencia salió de un podcast y entró a Palacio Nacional.
En la mañana del 20 de julio, la presidenta dedicó más de 8 minutos a Ana Torres y a otra propuesta todavía más cavernícola, la del llamado voto familiar. Hubo videos, explicaciones históricas, indignación presidencial y una clase nacional de democracia.
Prácticamente sólo faltó entregar una constancia de participación.
Al día siguiente preguntaron por Zacatecas. 10 hombres habían sido asesinados. Cinco fueron exhibidos colgados de un puente. Entre las víctimas había funcionarios públicos, empresarios, un exalcalde. No eran 10 perfiles anónimos ni 10 cuentas falsas.
Eran 10 vidas y 10 familias enfrentando la parte más cruel de este país. La respuesta presidencial fueron dos frases: el gobierno de Zacatecas ya había informado y el gabinete de seguridad estaba trabajando y después daría avances. Más de 8 minutos para una polémica de internet y dos frases para 10 personas asesinadas. Hasta el algoritmo debió de sentirse incómodo.
Y no, no tengo pruebas de que todo haya sido planeado para distraernos. Quien lo afirme debe demostrarlo.
Aquí no vamos a sustituir una explicación insuficiente del gobierno por una teoría de conspiración de la oposición, pero en comunicación política importa menos la intención que el resultado.
Y el resultado fue perfecto para el oficialismo. Morena no necesitó fabricar una cortina de humo; la oposición la cosió, la planchó y la subió a redes sociales y después pasó dos días discutiendo debajo de ella.
Mientras unos exigían debatir con la Torres y otros celebraban que la presidenta la hubiera exhibido, Zacatecas intentaba comprender por qué un grupo criminal podía secuestrar, asesinar, colgar cuerpos y convertir la muerte en un mensaje de poder.
Después circuló el video atribuido a una organización criminal, con amenazas contra el gobernador y acusaciones sobre supuestos acuerdos dentro de su administración.
Las autoridades cuestionaron la autenticidad de la grabación, pero incluso un montaje pretende producir un efecto, sembrar miedo, exhibir fuerza, disputar a la palabra pública, porque cuando el crimen organizado deja cuerpos colgados en un puente, no está intentando ocultar el delito, está redactando un comunicado.
La pregunta entonces ya no es solamente quién debería de votar, la pregunta es ¿quién gobierna realmente el territorio?. ¿Quién fija la conversación pública? ¿Y quién consigue que todos miremos hacia otro lado?
Nos indignamos porque una mujer propuso examinar a los ciudadanos, pero dejamos que el crimen organizado examine al Estado y encuentre demasiadas respuestas en blanco.
La estupidez también necesita audiencia. Sin atención, muchas ocurrencias mueren de hambre, pero la barbarie necesita silencio, indiferencia y autoridades capaces de contestar una tragedia como si solamente estuvieran desahogando el siguiente punto del orden del día.
Por eso debemos aprender a distinguir la provocación que se puede negar el aplauso. El abuso se le debe de enfrentar. No todo disparate merece una cruzada nacional, pero cada vida perdida merece verdad, justicia y responsabilidad pública. El ciudadano no debe de aprobar un examen para votar.
El gobierno sí debe de aprobar todos los días uno mucho más difícil: proteger la vida, garantizar los derechos y rendir cuentas.
Y en Zacatecas ese examen no se contesta con estadísticas, videos ni dos frases de cortesía.
Soy Carlos Alvarado. Síganme en mis redes sociales. Comentemos, analicemos y dialoguemos, porque una democracia seria no examina la dignidad del pueblo, examina el poder de quienes nos gobiernan. Gracias.
