Carlos Alvarado
Hay organizaciones que administran hospitales, otras universidades, algunas incluso países. Y luego está la FIFA que administra algo aparentemente más importante: ¿Quién puede ganar dinero alrededor de un balón?
Cada cuatro años ocurre el mismo fenómeno. Millones de personas creen que vienen a una fiesta deportiva; los abogados saben que viene una temporada de auditorías, demandas, licencias, marcas registradas y derechos de transmisión. Porque el mundial no solamente es fútbol, es propiedad intelectual con uniforme deportivo.
Y aquí comienza el primer mito. Mucha gente cree que la FIFA es dueña del fútbol. No lo es. La FIFA no lo inventó; no inventó los goles, no inventó las opiniones y tampoco inventó las discusiones de cantina donde todos sabemos más que el director técnico. Lo que sí posee son marcas, logotipos, transmisiones, diseños, contratos y una maquinaria jurídica capaz de hacer sudar a más de un empresario.
Por eso surge una pregunta que muchos se harán durante el Mundial 2026: ¿Es ilegal ver un partido en un bar? La respuesta normalmente es no. Pero la historia se vuelve más interesante cuando aparece el dinero, porque una cosa es que el restaurante tenga una televisión encendida para sus clientes y otra muy distinta es utilizar la transmisión como el principal atractivo comercial del negocio sin contar con las autorizaciones correspondientes. Y ahí es donde comienzan los dolores de cabeza jurídicos.
Lo mismo ocurre con los influencers. Un creador de contenido puede decir que el árbitro fue un desastre, que el partido fue aburridísimo, que México volvió a practicar ese deporte extremo llamado «decepcionar aficionados en fases decisivas». Eso está protegido por la libertad de expresión. Lo que no puede hacer es retransmitir la señal oficialmente mientras monetiza reproducciones como si hubiera pagado por los derechos correspondientes.
Porque la libertad de expresión protege las ideas, no convierte en gratuito el trabajo ajeno. Pero aquí viene la parte divertida: la FIFA combate la piratería con una intensidad que muchos ciudadanos quisieran ver cuando se persiguen otros problemas bastante más graves. Una vez un comerciante vende mercancía no autorizada y aparecen los inspectores. Un negocio utiliza signos protegidos y aparecen los requerimientos. Un influencer transmite imágenes oficiales y aparecen reclamaciones digitales en cuestión de minutos. A veces pareciera que el balón tiene una protección más eficiente que algunos derechos fundamentales.
Y no, no estoy defendiendo la piratería. La propiedad intelectual existe por alguna razón legítima. Quien invierte miles de millones en organizar un evento tiene derecho a proteger sus activos. El problema comienza cuando la protección se convierte en una especie de aspiración monárquica donde todo lo relacionado con el fútbol parece requerir permiso. Porque una cosa es impedir que alguien robe una transmisión y otra muy distinta es intentar monopolizar la conversación pública alrededor del fenómeno cultural que pertenece a millones de personas.
Ahí aparece la figura particularmente interesante para los abogados: el llamado «marketing de emboscada». Traducido al español, significa simplemente aprovechar la fiebre mundialista sin pagar la factura del patrocinador oficial, y eso enfurece profundamente a quienes desembolsaron millones para asociar su marca con el torneo. El resultado es fascinante: empresas privadas intentando acercarse al evento, la FIFA intentando alejarlas, abogados cobrando honorarios en ambos lados de la mesa y consumidores observando el espectáculo jurídico desde las gradas. Todo perfectamente legal… o casi.
Porque no debemos olvidar algo: la FIFA es una asociación privada de derecho suizo. No es un gobierno mundial, no es un tribunal internacional y tampoco está por encima de la Constitución mexicana. Sus contratos son poderosos, sus abogados son excelentes y sus recursos económicos son enormes, pero las leyes mexicanas siguen siendo las que rigen dentro del territorio nacional, y esa diferencia importa.
Porque el verdadero debate no es si la FIFA puede proteger sus derechos. Claro que puede. La pregunta es cuánto poder económico estamos dispuestos a aceptar antes de que la protección legítima se parezca demasiado a un monopolio sobre la conversación, el comercio y la pasión del fútbol. Al final, el mundial deja una enseñanza curiosa: cuando un aficionado grita gol, nadie puede cobrarle; cuando alguien opina sobre un partido, tampoco. Pero cuando aparece una oportunidad de negocio alrededor de ese gol, de repente descubrimos que había más abogados en la cancha de lo que imaginábamos.
Soy Carlos Alvarado. Los invito a seguirme en mis redes sociales, a comentar, analizar y dialogar, porque entender el derecho también consiste en descubrir quién escribió las reglas del juego y, sobre todo, quién obtiene las ganancias cuando termina el partido. Gracias.
