La controversia por la dación en pago del Hotel Parador del ISSSTEZAC escaló luego de que el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, cuestionara la difusión de una presunta suspensión provisional relacionada con el juicio de amparo promovido contra ese acto.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, Reyes Mugüerza afirmó que, de acuerdo con información de la Coordinación General Jurídica, ni esa dependencia ni la Legislatura habían sido notificadas de una suspensión provisional.
Señaló que los juzgados Primero y Segundo de Distrito habían negado previamente medidas cautelares sobre el mismo asunto y aseguró que, de confirmarse la existencia de una resolución conocida por un particular antes de la notificación oficial, se estaría frente a un posible caso de filtración de información judicial, al que calificó como un acto de corrupción y colusión.
El funcionario sostuvo que la dación en pago del Hotel Parador busca cubrir parte del adeudo de 315 millones de pesos que el Gobierno del Estado mantiene con el ISSSTEZAC, con el propósito de fortalecer la viabilidad financiera del instituto y garantizar el pago de pensiones, aguinaldos y demás prestaciones.
Añadió que, si se comprueba alguna irregularidad en el manejo de la información judicial, las instancias correspondientes deberán presentar las denuncias respectivas.
Horas más tarde, el abogado Jorge Rada respondió mediante un posicionamiento público, en el que rechazó los señalamientos del secretario general de Gobierno y afirmó que se trata de acusaciones formuladas sin presentar pruebas.
Sostuvo que no es la primera ocasión en que autoridades estatales desacreditan resoluciones judiciales adversas y recordó antecedentes relacionados con la suspensión de las obras del segundo piso del bulevar, los amparos contra las corridas de toros y la resolución de la Suprema Corte sobre la reforma al ISSSTEZAC.
Rada señaló que los abogados no resuelven los juicios, sino los órganos jurisdiccionales, por lo que cualquier señalamiento de una conducta ilícita debe sustentarse mediante denuncias y pruebas ante las autoridades competentes.
Asimismo, anunció que esperará la notificación oficial del acuerdo judicial para ejercer los recursos legales correspondientes y afirmó que el debate también ha despertado el interés de derechohabientes y jubilados sobre el destino del Hotel Parador.
