La diputada federal Noemí Luna Ayala presentó una iniciativa para modernizar la Ley de la Guardia Nacional para fortalecer la coordinación de ésta con los gobiernos estatales y municipales, para responder con mayor eficacia a la crisis de inseguridad del país.
Plantea una evolución táctica en la estrategia de seguridad pública, basada en la articulación de la fuerza federal con la inteligencia de proximidad y los diagnósticos locales. Esta visión apuesta por decisiones más cercanas a la realidad de cada comunidad, señala.
La iniciativa propone reformar el artículo 78 de la Ley de la Guardia Nacional para establecer que, en operativos coordinados, despliegues territoriales y patrullajes preventivos, se consideren los mapas de incidencia delictiva, focos rojos y diagnósticos elaborados por las autoridades locales.
Se busca focalizar el esfuerzo institucional conjunto sin afectar las estrategias federales, pero incorporando información clave generada en los municipios.
Noemí Luna aseguró que la reforma no implicaría un impacto presupuestal adicional, sino una optimización de los recursos existentes, al vincular la capacidad operativa de la Guardia Nacional con el conocimiento territorial, se fortalece un modelo de prevención más inteligente.
Se subraya el principio de equidad en la protección ciudadana, pues la intención es garantizar que todas las colonias, sin distinción, reciban atención efectiva en materia de seguridad.
La diputada advierte que el actual despliegue de la Guardia Nacional presenta una falla de origen, al operar bajo directrices centralizadas que no siempre responden a las dinámicas locales. Esta situación limita la efectividad de las acciones en territorio, lamentó.
Según explicó, esta lógica ha derivado en un “patrullaje de paseo”, enfocado en zonas visibles como avenidas principales o áreas turísticas, mientras que los delitos de alto impacto se concentran en colonias periféricas y zonas de mayor vulnerabilidad.
Como ejemplo, citó el caso de Zacatecas, el INEGI reporta, a través de la ENVIPE 2025, que el 87.3% de la población adulta percibe inseguridad, mientras que el 65.2% considera este problema como el más grave en la entidad.
Además, el impacto económico de la inseguridad ha sido significativo, con un costo estimado de 2.2 mil millones de pesos para los hogares zacatecanos. De este monto, el 42.7% corresponde a gastos en medidas preventivas implementadas por los propios ciudadanos.
