Cristian del Havre
La impunidad en este país no es solo la ausencia de castigo; es la erosión silenciosa de la sociedad. Cuando los crímenes, la corrupción y los abusos quedan sin respuesta, la ley pierde autoridad y la confianza ciudadana se desploma.
Esa desconfianza alimenta la violencia privada, normaliza los atajos y provoca el retiro del ciudadano de la vida pública: votar con cinismo, no denunciar o buscar justicia por propia mano.
Yo sé que este problema tiene raíces múltiples: instituciones débiles, procesos judiciales lentos y opacos, así como fiscalías y policías cooptadas. Necesitamos romper este ciclo con cambios simultáneos en las instituciones, las prácticas y la cultura pública.
Primero, fortalecer la investigación criminal y forense.
Segundo, profesionalizar y proteger a jueces, fiscales y policías mediante concursos públicos y salarios dignos.
Y, tercero, abrir la justicia mediante transparencia procesal, audiencias públicas en plazos razonables y acceso a la información.
Y esto lo digo a raíz de varios acontecimientos que hemos tenido desde hace años, pero que en las últimas semanas se han acentuado. El día de ayer, en un megaoperativo ampliamente difundido por los medios, detuvieron al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, de Baja California.
Cuando la atención estaba centrada en Marina del Pilar por la difusión de los audios que generaron una fuerte polémica nacional y en los que se le escucha ofrecer compartir información obtenida en las mesas de seguridad con presuntos interlocutores de Estados Unidos, se genera este operativo que, sin lugar a dudas, está al margen del Estado de derecho.
Mientras tanto, Rubén Rocha Moya lleva más de 60 días fuera de la vida pública y el gobierno sigue pidiendo pruebas, pruebas y más pruebas.
Creo que es fundamental entender que en este país necesitamos esos cambios estructurales.
Mientras el Poder Judicial, las fiscalías y las policías sigan con el nivel de corrosión que hoy presentan, será muy difícil que la impunidad, que supera el 90 por ciento, disminuya.
También es fundamental entender que los cambios realizados en el Poder Judicial y la falta de actuación de las autoridades provienen de un mismo sistema que actualmente gobierna.
Sí, Morena es quien está ejecutando todas estas acciones y, desgraciadamente, pareciera que los únicos a quienes han querido perseguir son integrantes de la oposición. Ahí están los casos de Maru Campos y Ernesto Ruffo Appel, mientras que no tocan ni con el pétalo de una rosa a Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal o Marina del Pilar.
Ahora sí que, parafraseando una frase atribuida a Benito Juárez: «A los amigos, justicia y gracia»; a los enemigos, ahora es la ley torcida.
Muchas gracias.
