Antonio Valentín Argüelles Rivera
La presión sobre México aumenta porque el sector energético es uno de los más expuestos.
La dependencia del gas natural estadounidense es superior al 70 por ciento, lo que vuelve crítica la situación.
La decisión de Estados Unidos de no renovar el T-MEC en su forma actual durante la revisión del 1 de julio de 2026 debe entenderse como una jugada política calculada para administrar tiempos, presiones y narrativas.
No es una ruptura ni un anuncio de terminación, sino un periodo de espera que permite a Washington mantener abierta la negociación y conservar la opción de activar la cláusula de terminación con seis meses de anticipación.
La revisión anualizada no es un tecnicismo; es una estrategia de sincronización entre comercio y política interna.
Permite a los Estados Unidos administrar la incertidumbre como una herramienta de negociación.
Entre julio y noviembre evita compromisos electorales.
Después, si los republicanos que actualmente tienen el control político conservan esa posición, podrían endurecer su postura y aumentar la presión sobre el gobierno mexicano.
Entre diciembre de 2026 y junio de 2027 tendría una ventana para activar la notificación de terminación. El diseño es claro.
En este contexto, el sector energético mexicano se convierte en uno de los puntos más vulnerables.
La dependencia del gas natural estadounidense supera el 70 por ciento y, si el T-MEC queda bajo una revisión anualizada, contratos, ductos, almacenamiento y proyectos eléctricos privados enfrentarán una mayor incertidumbre.
Aunque la terminación no sea inmediata, el riesgo para la seguridad energética mexicana aumenta.
La planeación de largo plazo se complica y los inversionistas deberán considerar escenarios con aranceles, cambios en las reglas de origen y una cooperación energética más volátil.
Ahora consideremos la situación en la que se encuentra PEMEX, una de las empresas petroleras estatales más endeudadas del mundo.
Bajo este escenario, la narrativa del comunicado que señala que Estados Unidos no quiere renovar el T-MEC en su forma actual y busca mantenerlo bajo una revisión anualizada representa una estrategia que sincroniza comercio y política para ejercer presión y obtener mayores ventajas de la economía mexicana.
A esto se suma la incertidumbre estructural en las inversiones, lo que puede generar problemas de seguridad energética, aumentos de precios e inflación.
Estados Unidos sabe dónde presionar y, lamentablemente, no existen los negociadores capaces que hubo en otros tiempos; actualmente este sistema está siendo manejado por personas improvisadas.
No es un juego. Está en riesgo la economía mexicana, el bolsillo de la gente, especialmente de los sectores más vulnerables, las inversiones del Estado, la salud y el desarrollo económico.
Amigos y amigas, esto es un tema para reflexionar.
Tenemos que replantearnos la situación y exigir a nuestras autoridades y representantes políticos que tomen cartas en el asunto de manera consciente.
