Antonio Valentín Argüelles Rivera
La obligación que está imponiendo el gobierno de guardar silencio o, si no, aparecerás en las listas de la Cuarta Transformación.
Amigos, hemos visto cómo en estos días el gobierno quiere imponer nuevos lineamientos para medios y periodistas que, entre otras cosas, fortalecerían el poder estatal para definir qué es información veraz, qué es opinión o incluso suspender transmisiones, así como imponer sanciones y hacerle la vida imposible a algunos periodistas.
Pues evitemos los detalles más técnicos para dimensionar el alcance de esta medida y cómo nos afecta a todos.
Imaginemos qué hubiese podido ocurrir si estas normas hubiesen estado vigentes cuando se investigó el fraude de Segalmex.
Se trató de un quebranto público de los más grandes de la historia, por más de 15 mil millones de pesos que debieron utilizarse para combatir el hambre en comunidades rurales, en los lugares más pobres, pero fueron desviados por funcionarios corruptos.
Los primeros indicios se tuvieron a través de sospechas, que todavía no estaban confirmadas, de actos de corrupción en 2019 y 2020.
Algunos periodistas ejercieron ese derecho que se tiene y, así como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, pues notaron dos cosas extrañas.
Por un lado, Segalmex emitía varios contratos millonarios por adjudicación directa a empresas de muy reciente creación. Por otro, la institución retrasaba sin justificación la publicación de sus reportes de egresos.
Con los nuevos lineamientos que se quieren manejar o sustentar por parte del gobierno para que así trabajen los periodistas, el gobierno hubiera podido determinar que no se trataba de información veraz, sino de una opinión que busca desinformar.
Y lo digo entre comillas y lo repito: “una opinión que buscaba desinformar”, dado que la diferencia entre ambas cosas queda deliberadamente ambigua.
Los medios de comunicación quedarían obligados, incluso bajo riesgo de sanción económica, a decir que una investigación rigurosa y, al final, decir: “Pues no, fue una mera conjetura”, deslegitimándola la autoridad o, a través de los medios que tienen sus instituciones, negándola.
Y entonces sí, señalando que el medio no hizo una investigación veraz y que, bueno, se ha dedicado netamente a difundir rumores. Cosas que, pues, así lo estarían manejando nuestros amigos guindas.
Pues bueno, amigos, no nos extrañe que estemos regresando, curiosamente, a esos medios de control.
Quien vivió en tiempos de Echeverría o de López Portillo, recordemos RTC, Radio, Televisión y Cinematografía, por esa pasaban las películas, los programas. Todo era fiscalizado, donde había que convenir con el gobierno qué era lo bueno y qué era lo malo.
Recordemos que no había estas siete instituciones como el INAI, el IFT, etcétera, las siete que desaparecieron, donde podía acudir cualquier persona a solicitar información, ¿verdad? Pues ya desaparecieron.
Estamos dando un giro totalmente hacia esa izquierda de los setenta, pero era un PRI, era un esquema populista, es el detalle.
Y nos costó, la verdad, 12 años, 18 años para salir de él. Y fue un giro muy doloroso, con la crisis del 82, que, bueno, todo lo que es el control para hacer un presidencialismo más fuerte.
Y, carajo, la pregunta aquí quedaría pendiente: ¿eso es pensar en la gente? ¿Eso es ver primero por los pobres o es netamente un control?
Hasta aquí mi participación, amigos. Y la verdad, tenemos que reflexionar, porque esto no pinta para bien; solamente más sometidos.
Bueno, ya abundé más, pero un gusto saludarlos y nos vemos la próxima semana.
Gracias.