Saúl Monreal, senador
Hay un dicho muy viejo que dice: “El que se lleva, se aguanta” y parece que viene como anillo al dedo para algunos medios de comunicación que hoy andan rasgándose las vestiduras por los derechos de las audiencias.
Curioso.
Durante años defendieron con uñas y dientes su derecho a decir lo que quisieran, incluso cuando descaradamente mentían, mezclaban rumor con noticia o intereses económicos con periodismo. Pero ahora que se habla de reglas para proteger a quienes escuchan radio o ven televisión, resulta que, según ellos, ya llegó la censura.
¿De verdad? Lo interesante es que la propuesta ni prohíbe opiniones ni impide las críticas al gobierno.
Lo que busca es algo mucho más sencillo: que las audiencias sepan cuándo están frente a una noticia, cuándo frente a una opinión, cuándo se trata de publicidad disfrazada de información y que exista un código de ética y una defensoría para atender las quejas de la gente. Es decir, que el ciudadano tenga derechos, no solamente el concesionario.
Pero hay quienes reaccionaron como si les hubieran anunciado el fin del mundo. Algunos conductores, comentaristas y empresas de comunicación comenzaron a tergiversar, fieles a su estilo, a hablar de dictaduras, mordazas y censura.
Y ahí nace la pregunta inevitable: Si un medio informa con responsabilidad, ¿de qué tiene miedo? Porque nadie está diciendo que no critiquen al gobierno.
Al contrario.
La crítica es indispensable en cualquier democracia. Lo que ya no resulta aceptable es disfrazar campañas políticas de periodismo o presentar versiones incompletas como si fueran verdades absolutas.
Resulta hasta simpático ver cómo algunos de los medios que durante años acusaron a otros de mentir, hoy son los primeros en sentirse ofendidos cuando se habla de transparencia y responsabilidad. Como si el problema fuera exigir calidad informativa y no la costumbre de algunos de construir escándalos antes que verificar datos.
La realidad es que los derechos de las audiencias no nacieron ayer ni son un invento de este gobierno. Existen desde hace años en la legislación mexicana y ahora se busca hacerlos efectivos mediante lineamientos que obliguen a los propios medios a contar con códigos de ética y mecanismos para atender a su público.
Quizá por eso los más molestos son precisamente quienes durante mucho tiempo estuvieron acostumbrados a no rendir cuentas.
Porque una cosa es defender la libertad de expresión y otra muy distinta querer convertir esa libertad en licencia para desinformar. La verdadera pregunta es simple: ¿merecen las audiencias información más clara, más transparente y con mayores estándares éticos?
Si la respuesta es sí, vemos que es ahí cuando la verdad empieza a tener reglas, y las mentiras ya no circulan con la misma comodidad.
