Saul Monreal
Las recientes revelaciones sobre la presunta participación de agentes de la CIA en operativos realizados en el estado de Chihuahua y la decisión de la fiscalía general de la República de citar a declarar no solamente a la gobernadora Maru Campos, sino también a cerca de 50 personas involucradas en esos hechos, vuelven a poner sobre la mesa una discusión fundamental para el país: la defensa de la soberanía nacional y el respeto irrestricto a la Constitución Mexicana.
En México no puede existir ninguna autoridad local, estatal o grupo político que se coloque por encima de la Carta Magna. La Constitución es muy clara cuando establece que las relaciones internacionales, los acuerdos con gobiernos extranjeros y los temas de seguridad nacional son facultades exclusivas del Estado mexicano a través de la Federación. El artículo 89 constitucional establece que la conducción de la política exterior corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo Federal, mientras que el artículo 76 otorga al Senado la facultad de analizar la política exterior y autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.
Además, la Ley de Seguridad Nacional señala con claridad que cualquier actividad de agentes extranjeros en México debe sujetarse a controles, autorizaciones y mecanismos institucionales específicos. No se trata de un capricho político ni de un discurso ideológico; se trata de preservar la soberanía, la independencia y la integridad del país.
Por eso resulta delicado que hoy existan investigaciones relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en operativos realizados aparentemente sin el conocimiento ni autorización plena del Gobierno Federal. La propia FGR ha informado que busca esclarecer si existieron acreditaciones, permisos y condiciones jurídicas válidas para dicha participación extranjera.
Aquí no debería haber espacio para dobles discursos. Si cualquier funcionario, sin importar el partido político al que pertenezca, violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, entonces corresponde que las autoridades investiguen y determinen responsabilidades conforme a derecho. Eso es precisamente lo que exige un Estado democrático.
Lo verdaderamente preocupante sería que algunos sectores de la derecha pretendieran convertir este tema en una defensa política automática, como si exigir el cumplimiento de la Constitución fuera un exceso. Porque al final del día, lo que la mayoría de las y los mexicanos quiere es algo muy simple: que se respete la ley, que se respete la soberanía nacional y que nadie actúe por encima de la Constitución, que es y seguirá siendo nuestra máxima norma jurídica.
