La diputada María Teresa López García, del PAN, pidió revisar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes porque el marco jurídico vigente deja «vacíos de justicia» en casos de delitos de extrema gravedad cometidos por menores de edad, como la agresión física y sexual contra Areli, una niña de 11 años ocurrida en la comunidad Aguacate de Abajo, municipio de Tabasco.
Al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario en la sesión de la Comisión Permanente, la diputada sostuvo que el caso rebasa el ámbito penal y exhibe una falla estructural del tejido social, y llamó a que se analicen las condiciones familiares y comunitarias que permiten que un adolescente de 13 años incurra en hechos de esa naturaleza.
Y reconoció la intervención de las corporaciones de seguridad, el traslado aeromédico al Hospital General de Zacatecas y la atención brindada por el personal médico que permitió estabilizar a la menor.
Asimismo, respaldó las manifestaciones pacíficas realizadas por habitantes de Tabasco para exigir justicia y certeza jurídica.
María Teresa López afirmó que el caso refleja una creciente crisis de integración familiar, donde cada vez más niñas, niños y adolescentes crecen sin la presencia constante de uno o ambos padres y quedan bajo el cuidado de otros familiares, mientras la influencia de la calle y de los entornos digitales sin supervisión ocupa ese espacio.
Señaló tres factores que alimentan la descomposición social y son la falta de acompañamiento y supervisión familiar; la normalización de la violencia y la exposición sin control a contenidos violentos en plataformas digitales; y el debilitamiento de la autoridad y los valores dentro del hogar.
Advirtió que de mantenerse esas condiciones aumentarán la violencia, la impunidad y la incapacidad de las instituciones para proteger a la infancia.
Planteó fortalecer la formación en valores, ética y respeto a la legalidad; impulsar políticas de apoyo a madres y padres de familia para reforzar la crianza y la corresponsabilidad parental; y consolidar políticas públicas enfocadas en la prevención comunitaria, la cohesión social y la protección de niñas, niños y adolescentes.
En el plano legislativo, María Teresa López sostuvo que la ley vigente impide procesar a un menor bajo criterios aplicables a un adulto, independientemente de la gravedad del delito, y tampoco permite ampliar o modificar la sanción cuando el responsable alcanza la mayoría de edad.
Así, pidió abrir una revisión nacional de esa legislación al considerar que las restricciones actuales fortalecen la percepción de impunidad.
Finalmente, expresó la solidaridad con Areli y su familia, exigió que el proceso judicial se desarrolle con rigor y pleno acceso a la justicia, y reiteró que fortalecer a la familia constituye una condición indispensable para prevenir la violencia y recuperar la paz social en Zacatecas.
