En vísperas de la discusión en periodo extraordinario legislativo en el que se tratará el tema de la desincorporación de bienes del ISSSTEZAC, el caso del Hotel Parador, el despacho jurídico Jorge Rada y Asociados pidió a la Legislatura del Estado posponer cualquier decisión hasta que se transparente el expediente completo de la operación.
En un comunicado en redes sociales, se informó que no es una simple transacción inmobiliaria, es el destino de bienes adquiridos con recursos vinculados al patrimonio de trabajadores, jubilados y pensionados.
El despacho recordó que durante la discusión de la acción de inconstitucionalidad sobre la reforma al ISSSTEZAC, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, se refirió a la existencia de adquisiciones de bienes que no funcionaron.
Y añadió que la Corte estableció que los derechos de seguridad social no pueden quedar subordinados a la incapacidad financiera del Instituto, por lo que la crisis no debe resolverse debilitando el patrimonio que respalda las pensiones.
En el posicionamiento se afirma que durante años se utilizaron recursos del sistema de seguridad social para adquirir hoteles y otros inmuebles con la expectativa de fortalecer el fondo pensionario mediante proyectos productivos. Sin embargo, sostiene que esos negocios fueron administrados por el propio Estado y el Instituto, por lo que las pérdidas no deben trasladarse a los
derechohabientes.
Asimismo, el despacho consideró que existe una trazabilidad histórica de responsabilidades que debe investigarse, desde el sexenio de Ricardo Monreal, cuando se impulsó la adquisición de diversos inmuebles del ISSSTEZAC, hasta la administración actual.
También cuestionó que el gobierno de David Monreal proponga recibir esos bienes en dación en pago para cubrir adeudos, al considerar que esa medida podría representar una nueva afectación al patrimonio pensionario.
Como parte de su pronunciamiento, Jorge Rada y Asociados exigió hacer públicos los expedientes de adquisición de los inmuebles, el origen de los recursos utilizados, las actas de la Junta Directiva, avalúos, estudios financieros, dictámenes actuariales, pérdidas acumuladas, el procedimiento de desincorporación y el fundamento jurídico de la dación en pago propuesta.
Finalmente, advirtió que, si la Legislatura aprueba la operación sin transparentar esa información, sin dictámenes técnicos independientes y sin garantizar la protección del patrimonio de los derechohabientes, promoverá un juicio de amparo con solicitud de suspensión.
