El despacho legal que representa a los maestros de la Secundaria Técnica No. 1, del abogado Jorge Rada, emitió un comunicado y califica la separación de sus funciones de un grupo de docentes, como una medida ilegal e inconstitucional.
Se expone que la autoridad educativa ejecutó la separación sin acto administrativo formal, sin notificación y sin sustento jurídico, contraviniendo la Constitución y las leyes aplicables en materia laboral.
La controversia se agrava tras la confirmación de un hecho fundamental, y es quebla Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas declaró públicamente la inexistencia de material ilícito, eso incluye el supuesto «catálogo sexual» que se difundió en redes sociales el el casonde la secundaria técnica número uno.
Y se subrayó que no existe evidencia pericial ni investigación que vincule a los profesores con los hechos que se manejaron mediáticamente.
A pesar del desmentido oficial emitido por la Fiscalía, la autoridad educativa mantiene la separación laboral de los docentes, sin sustento legal tampoco evidencia y se vilnera la ley.
Esto traslada la atención del supuesto catálogo sexual, que la Fiscalía desmintió, porque en una revisión no encontró nada, a la actuación cuestionable de la autoridad.
A pesar del desmentido oficial emitido por la Fiscalía, la autoridad educativa mantiene la separación laboral de los docentes.
El comunicado señala que esta inacción propicia un ambiente de estigmatización y daño al honor profesional, toda vez que los afectados no enfrentan imputación ni proceso legal.
La representación legal argumenta que la medida ejecutada vulnera la legalidad, la presunción de inocencia y la estabilidad laboral.
Se enfatiza, además, que los profesores carecen de cualquier facultad para revisar o intervenir en los dispositivos electrónicos personales de los alumnos, se reitera que la vigilancia del contenido digital es responsabilidad exclusiva de los padres o tutores, según el marco legal vigente.
La defensa integral de los docentes tiene por fin lograr la reincorporación inmediata de los afectados, el deslinde público de responsabilidades y la reparación de los daños, anunciando que se ejercerán todas las acciones constitucionales y legales que correspondan.
