Ulises Mejía respaldó la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que incorpora de manera la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones y de votación recibida en casilla.
El diputado federal zacatecano, considera que es una medida necesaria para proteger la soberanía nacional y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Y señaló que en México durante décadas se construyeron instituciones electorales sólidas y confiables, entonces corresponde al Poder Legislativo actualizar el marco jurídico para responder a los nuevos desafíos que enfrenta la democracia en el mundo, particularmente aquellos relacionados con la injerencia extranjera, la manipulación digital, el financiamiento externo indebido y las campañas de desinformación.
“Las decisiones sobre el futuro de México deben tomarlas exclusivamente las y los mexicanos. Ningún gobierno extranjero, organización internacional, grupo de presión o interés ajeno a nuestro país debe tener la posibilidad de influir en la voluntad popular ni alterar la equidad de una contienda electoral”, afirmó.
Ulises Mejía destacó que la reforma no limita libertades, tampoco restringe la participación democrática, establece reglas claras para proteger la autenticidad del sufragio y garantizar que las elecciones se desarrollen en condiciones de legalidad, imparcialidad y plena independencia.
La reforma armoniza la legislación secundaria con el mandato constitucional de defensa de la soberanía nacional y dota a las autoridades electorales y jurisdiccionales de herramientas más precisas para investigar, sancionar y resolver posibles casos de intervención extranjera que pudieran afectar el desarrollo de los procesos electorales.
“El voto debe ser libre y exclusivamente producto de la voluntad de nuestro pueblo. Cuando protegemos la soberanía nacional también protegemos el derecho de cada ciudadano a decidir sin presiones externas quién debe gobernar nuestro país”, puntualizó.
Y añadió que la reforma contribuye a fortalecer la certeza jurídica, la confianza ciudadana y la legitimidad de los procesos democráticos, garantizando que el acceso al poder público emane únicamente de la voluntad popular expresada en las urnas.
