El concepto de soberanía debe entenderse como la responsabilidad primaria del Estado de garantizar la seguridad y protección de la población, dijo la diputada federal Noemí Luna.
En la sesión del periodo extraordinario, en la que se discutió y el oficialismo impuso su mayoría para aprobar la reforma que adiciona un inciso C al Artículo 41 de la Constitución, la zacatecana criticó la propuesta impulsada por el Morena y sus aliados para establecer como causal de nulidad electoral la intervención extranjera probada.
Consideró que la iniciativa busca utilizar el concepto de soberanía de manera facciosa, para prolongarse en el poder y proteger a los actores políticos vinculados al crimen organizado.
Al fijar el posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), la zacatecana señaló que “la soberanía no puede convertirse en permiso para el abuso, como lo pretenden hacer ustedes”.
Cuestionó la iniciativa presentada por la fracción del Morena, que deja al criterio subjetivo de quienes ejercen el poder determinar cuándo existe una supuesta intervención extranjera en los procesos electorales.
Señaló que la redacción de la reforma es imprecisa en conceptos como “presión diplomática”, “manipulación mediática” o “cualquier conducta que comprometa la soberanía nacional”, sin definir claramente sus alcances jurídicos.
Noemí Luna afirmó que México no enfrenta una amenaza a su soberanía cuando gobiernos extranjeros investigan o solicitan la extradición de funcionarios relacionados con actividades criminales, en apego a los tratados internacionales de cooperación, en franca referencia al caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
“Eso no es invasión ni pérdida de soberanía; es cooperación internacional en materia de seguridad y justicia”, sostuvo al hacer referencia a investigaciones recientes relacionadas con funcionarios de Sinaloa y al contexto de colaboración bilateral contra el narcotráfico.
Finalmente, Noemí Luna reprochó al Morena asumir una postura soberanista, cuando antes permitió la participación de asesores extranjeros en campañas políticas; la intervención de consultorías internacionales vinculadas con el oficialismo; y el gobierno de los cárteles de la droga en amplios territorios de México.
