La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma de ley que busca fortalecer la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) co el impulso al consumo de productos de origen nacional y el fortalecimiento de la marca de certificación “Hecho en México”.
El diputado federal y empresario zacatecano.Ulises Mejía Haro, destacó que la reforma es un paso importante para fortalecer el mercado interno, respaldar a las empresas mexicanas y promover una mayor preferencia por los productos elaborados en nuestro país.
La iniciativa adiciona disposiciones a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de incentivar que las MIPyMES adopten la marca de certificación “Hecho en México” o “Made in Mexico”, permite al consumidor identificar con mayor claridad los productos nacionales y su calidad.
Se incorporan atribuciones para promover el consumo de bienes y servicios de origen nacional, impulsar campañas de difusión sobre la marca y establecer mecanismos de evaluación para medir su impacto en el desarrollo económico y el posicionamiento de los productos mexicanos en el mercado.
Ulises Mejía subrayó que fortalecer la producción nacional permitirá aprovechar las oportunidades derivadas del proceso de relocalización de cadenas productivas a nivel global, conocido como nearshoring, generando mayores inversiones y oportunidades de desarrollo para el país.
Y resaltó que las MIPyMES son el motor de la economía nacional, porque generan ocho de cada diez empleos empresariales en el país y representan más del 98 por ciento de las unidades económicas en México.
Así, impulsar acciones que fortalezcan sus canales de venta, su competitividad y sus prácticas de mejora continua significa también garantizar más empleos y mayores oportunidades de desarrollo.
El diputado zacatecano señaló que estas reformas legislativas también deben ir acompañadas en los estados y municipios por una visión complementaria que priorice a las MIPyMES locales mediante convenios de proveeduría de bienes y servicios con gobiernos y empresas, así como la creación de fondos económicos revolventes que permitan un financiamiento más accesible, seguro y oportuno para fortalecer su crecimiento.
