Saúl Monreal, senador
Amigas y amigos que nos siguen a través de radioevolucion.com, hemos seguido con profundo interés la implementación y los primeros meses de impacto de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, y me permito subrayar que, pese a los retos persistentes, esta política representa un avance significativo con beneficios reales para la ciudadanía.
Cuando se lanzó la estrategia en julio de 2025, la expectativa era ambiciosa: romper las redes de extorsión, especialmente aquellas operadas desde centros penitenciarios, y consolidar un canal de denuncia confiable a través del número 089. Hoy, los resultados que reportan las autoridades muestran que estos instrumentos están funcionando en favor de la gente. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se han recibido más de 43,000 llamadas al 089, de las cuales 31,411 resultaron en intentos de extorsión no consumados gracias al acompañamiento de operadores en tiempo real. Ese dato no es trivial: significa que miles de ciudadanos están siendo protegidos al instante, sin tener que pagar, sin quedar atrapados en amenazas, y con la certeza de que su denuncia tiene una ruta para traducirse en acción.
Por otro lado, a nivel operativo, la coordinación entre el Gabinete de Seguridad y las fiscalías estatales empieza a rendir frutos concretos: entre el 6 de julio y principios de septiembre se han abierto 1,436 carpetas de investigación, y se han logrado 239 detenciones por extorsión en 19 entidades de la República. Estas aprehensiones no solo envían un mensaje claro a quienes cometen estos delitos, sino que constituyen un cambio estructural en la persecución penal: no se trata solamente de disuasión, sino de romper cadenas criminales.
Además, como parte de la estrategia se han implementado bloqueos a las líneas telefónicas desde penales, con una atención particular a los centros penitenciarios que concentran la mayoría de los mecanismos de extorsión. Esa medida técnica, combinada con inspecciones rigurosas, representa un golpe directo a la lógica delictiva que se había establecido en algunos centros de reclusión.
En el plano social, la estrategia también genera un efecto simbólico relevante: al promover el número 089 y al reforzar la idea de que la denuncia anónima será atendida con rapidez y eficacia, el Estado restaura gradualmente la confianza de la ciudadanía. Esa restauración es un elemento fundamental para el bien común, pues la extorsión ha operado históricamente en zonas donde denunciar implicaba un riesgo alto o una sensación de impotencia institucional.
Reconozco, sin embargo, que los retos no desaparecen, por ello como legislador, mi responsabilidad es no sólo celebrar los avances, sino exigir mediciones claras, informes públicos precisos y ajustes tácticos cuando las estrategias no funcionen como se espera.
En conclusión, los resultados preliminares de la Estrategia Nacional contra la Extorsión muestran que el Estado mexicano está volviendo a cumplir su función esencial de proteger a las personas, especialmente a las más vulnerables, contra las redes criminales que explotan el miedo.
