Saúl Monreal
Amigas y amigos que nos leen aquí en Radioevolucion.com, el horizonte legislativo de este año, la discusión y eventual aprobación del Paquete Económico reviste una especial trascendencia. Nos encontramos ante una propuesta que representa un compromiso indeclinable con las causas sociales y con la racionalidad financiera que exige un país en transformación.
Conviene recordar que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, los paquetes económicos se caracterizaron por contener el endeudamiento, fortalecer la recaudación sin crear nuevos impuestos y reorientar el gasto hacia programas prioritarios. En 2019, el gasto programable ascendió a 5.8 billones de pesos; en 2021, se mantuvo en 6.2 billones, con un énfasis notable en salud, educación y apoyos directos. El promedio del déficit fiscal se sostuvo por debajo del 3% del PIB, lo que permitió mantener confianza internacional sin renunciar a la inversión social.
Este nuevo paquete, bajo la conducción de la presidenta Sheinbaum, retoma esa responsabilidad, pero incorpora una perspectiva de consolidación. Se proyecta un gasto cercano a los 7.5 billones de pesos, con un incremento marginal respecto a 2024, pero con una recomposición estratégica: más del 60% del gasto programable se dirige a rubros sociales, particularmente pensiones, salud pública y proyectos de infraestructura para el desarrollo regional. Lejos de apostar por el despilfarro, se afianza una lógica de inversión social como palanca de crecimiento.
Se trata de un paquete económico que, además, conserva la prudencia fiscal. El déficit esperado se ubicaría nuevamente en rangos controlados, cercano al 2.8% del PIB, muy distante de los niveles superiores al 4% registrados en administraciones anteriores. No se plantean incrementos en la carga tributaria a las clases trabajadoras ni a las pequeñas empresas, reafirmando el principio de no más impuestos, sino mejor recaudación.
Asimismo, se fortalece el gasto de capital. La inversión física, que durante el sexenio de López Obrador creció del 2.9% al 3.4% del PIB, aspira ahora a estabilizarse por encima del 3.5%, con prioridad en corredores industriales, ferrocarriles y fortalecimiento energético. Esta es la expresión de una visión de Estado que entiende que el desarrollo no se decreta, sino se construye con obras, empleos y certidumbre.
Como legislador, reconozco que nuestra obligación no es aplaudir sin reflexión, pero tampoco sabotear por consigna. Nos corresponde revisar, proponer y aprobar un paquete económico a la altura del pueblo que representamos. El país no demanda discursos incendiarios, sino decisiones que garanticen estabilidad y justicia. Este paquete es un paso firme hacia un México más igualitario, más productivo y, sobre todo, más consciente de que el gasto público debe ser herramienta de transformación, no de privilegio.
En este debate, seremos firmes: ni derroche ni regresión. El camino es claro, austeridad republicana con sentido social y en esa ruta habremos de cumplir.
