Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
Curiosamente en este noviembre reaparecieron con fuerza los agentes de vialidad.
De pronto están en todas partes, como si alguien los hubiera resucitado con la misma energía con la que se cobran los aguinaldos. Se multiplicaron los operativos, los retenes, los silbatos y las actitudes de “yo mando porque traigo uniforme”. Pero también se multiplicaron los accidentes. Más choques, más muertes, más caos. La estadística duele porque confirma lo obvio: no hay seguridad vial, hay simulacro.
La ley es clara. El artículo 115 dice que la seguridad vial es responsabilidad de los municipios. Sin embargo, el gobernador insiste en tenerlos a la mano, como si fueran escolta personal de su autoridad. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos esquivando baches, retenes y tragedias, todo en la misma cuadra.
En Zacatecas ya no hace falta robar, golpear o estafar para tener problemas con la autoridad. Basta con hacer una pregunta incómoda. El nuevo delito se llama “pedir explicaciones”. Y la sanción, como siempre, llega con botas y tolete.
La escena ya la conocemos. Un adulto mayor intenta seguir su camino, un agente de vialidad decide que hoy es su día para aplicar la fuerza y patea la moto del hombre, casi lo tira. Un tercero, con ese impulso cívico que nos queda cuando el país se descompone, saca su celular y pregunta por qué. Recibe empujones, gritos y una respuesta violenta. Cae, lo golpean, y lo peor de todo es que —como buen mexicano que paga impuestos— aún tiene que escuchar que él es el culpable.
El insulto que soltó en medio del forcejeo, ese “a mí no me toques, hijo de tu puta madre”, ha sido usado como el gran justificante. El parte informativo lo pintaron como agresor, y los videos circularán editados como provocador, para mantener la narrativa oficial: la autoridad siempre tiene la razón, aunque la razón sea una patada.
Pero jurídicamente, ese insulto es lo menos grave de toda la historia. Apenas una falta administrativa, un exabrupto emocional que puede sancionarse con una multa o una amonestación. En cambio, lo del policía no tiene nombre jurídico más corto que abuso de autoridad. Y ese sí es delito, con cárcel, destitución e inhabilitación.
Porque aquí el Estado parece más preocupado por las malas palabras que por las malas acciones. La violencia oficial se maquilla, y el miedo se reparte gratis entre los ciudadanos. Si insultar a un servidor público es falta, golpear a un ciudadano debería ser vergüenza de Estado. Pero en Zacatecas, la proporcionalidad no vive en la ley, sino en la conveniencia política.
Así que la próxima vez que un policía te empuje, recuerda que tienes derecho a grabar, a preguntar y hasta a indignarte. No estás cometiendo un delito, estás ejerciendo tu humanidad. Aunque en este país, eso también se castigue.
Al final, parece que el agente vial más peligroso no está en las calles, sino entre la arbitrariedad y la impunidad. Y sí, sobrevivir a un agente de tránsito ya se volvió deporte extremo.
