Los jueces y magistrados federales que perdieron su empleo por la implementación de la Reforma Judicial se manifestaron por segunda ocasión en las afueras del Órgano de Administración Judicial este miércoles 29 de octubre, dese las nueve horas, para exigir el pago de la indemnización prevista en el decreto de reforma Constitucional.
En un comunicado establecen que la base está en el Artículo Décimo Transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, y dispone que los magistrados de Circuito y jueces de Distrito que concluyan su encargo porque declinaron su candidatura, o no fueron electos, tendrán un pago equivalente a tres meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio prestado.
La disposición se justifica porque las personas juzgadoras federales tenían derecho a la inamovilidad en su cargo, que obtuvieron por carrera judicial y concursos de oposición.
Y la compensación se justifica por el impedimento que tienen los juzgadores retirados para ejercer como patronos, abogados o representantes ante el Poder Judicial de la Federación por dos años en el circuito judicial de su adscripción, conforme al artículo 101 constitucional.
El mismo transitorio mandata que los pagos deberán hacerse con cargo a los fideicomisos que manejaba el Poder Judicial de la Federación, incluyendo el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio del 12 de mayo de 2025, comunicó que no se cuentan con los recursos económicos para realizar el pago de las indemnizaciones a los afectados, debido a que dichos recursos «pasaron a poder de la Tesorería de la Federación», como lo dispuso el Décimo Transitorio.
Esta conclusión sobre el destino de los fideicomisos se corrobora con publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de abril de este año, relativa a los fondos del CJF, y de enero de 2025, sobre los saldos de los fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que fueron extinguidos.
Dada la situación, los manifestantes sostienen que la vía inmediata para el pago de la indemnización es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destine los recursos de los fideicomisos para los fines del mismo decreto del 15 de septiembre de 2024, dentro de los que claramente se encuentra este pago.
A pesar de que el Consejo de la Judicatura Federal expidió constancias de percepciones y antigüedad a las personas juzgadoras, y presentaron solicitudes a la Presidenta de la República, al Secretario de Hacienda y Crédito Público y al Órgano de Administración Judicial, no han obtenido una respuesta.
Los manifestantes dejaron claro que si los recursos se encuentran concentrados en la Tesorería de la Federación y a disposición de la SHCP, el cumplimiento de lo ordenado por la Constitución es una cuestión de voluntad política.
