En Sombrerete y ante cientos de productoras y productores del campo, el diputado federal Ulises Mejía Haro informó que el dictamen que estará en discusión en la Cámara de Diputados sobre las reformas a la Ley General de Aguas y a la Ley de Aguas Nacionales incorpora cambios de fondo orientados a fortalecer el binomio fundamental agua-tierra, indispensable para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria del país. Para efectos de financiamiento y compraventa de la tierra, la concesión de agua va ligada al predio, ya que incrementa su valor.
Señaló que el documento reconoce que no es posible garantizar un campo productivo, ordenado y justo si no existen reglas claras que brinden certidumbre a las y los productores sobre el acceso y la transmisión del recurso hídrico asociado a la tierra.
Ulises Mejía destacó que uno de los avances más importantes de la iniciativa es el fortalecimiento del mecanismo para heredar y transmitir las concesiones de agua a familiares directos.
Explicó que por primera vez se establece un procedimiento claro, verificable y jurídicamente sólido que permitirá que hijas, hijos, cónyuges y familiares en línea directa continúen con el uso legítimo del agua sin enfrentar procesos inciertos o discrecionales.
ÑEsta medida, dijo, protege el patrimonio productivo de las familias rurales, evita abusos y asegura continuidad en la actividad agrícola y pecuaria en miles de parcelas.
Y detalló que la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum amplía el concepto de derecho humano al agua para incluir, además del uso personal y doméstico, los usos agrícola, pecuario y acuícola, además reconoce la relación inseparable entre el acceso al recurso y la producción de alimentos, pues “sin agua suficiente se disminuye la producción de alimentos”. Esta visión permite avanzar hacia una política hídrica integral donde la tierra y el agua se administren de manera coordinada y prioritaria.
Rxplicó también que uno de los propósitos es ampliar los plazos para solicitar la prórroga de las concesiones, otorgando mayor certidumbre jurídica a quienes dependen del recurso para trabajar la tierra. Con esta modificación, las y los usuarios podrán gestionar a tiempo la continuidad de sus títulos sin enfrentarse a caducidades prematuras ni a trámites burocráticos que afecten su actividad productiva.
“La iniciativa legislativa restituye el Órgano de Cuenca con una capacidad de planeación y supervisión más sólida, con participación de usuarios y autoridades locales, lo que permitirá una gestión territorial del agua más cercana a las necesidades reales de cada región. Además, se establecen reglas estrictas para evitar la acumulación de grandes volúmenes de agua en una sola persona física o moral, prohibiendo su acaparamiento y obligando a que los volúmenes concesionados sean usados exclusivamente para el fin autorizado”, expresó Mejía Haro.
El dictamen, que será discutido esta semana en la Cámara de Diputados, contempla sanciones para quienes desvíen, renten o utilicen volúmenes de agua en actividades diferentes a las autorizadas.
También prevé un Sistema Nacional de Información Hídrica actualizado, un padrón público de concesiones y mecanismos de monitoreo para asegurar transparencia, trazabilidad y vigilancia efectiva del recurso.
Asimismo, se fortalecen los Consejos de Cuenca, se amplía la corresponsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en la supervisión del agua, se establecen normas más rigurosas para el reúso del agua tratada y se integran medidas de protección ambiental para la recuperación de acuíferos, zonas críticas y ecosistemas vulnerables.
El dictamen incorpora criterios diferenciados para comunidades rurales y pueblos originarios, así como la simplificación de trámites para pequeños usuarios agrícolas.
Mejía Haro subrayó que todas estas medidas son para garantizar el agua para las familias y para el campo mexicano, asegurar la soberanía alimentaria y establecer bases firmes para una gestión sustentable del agua.
