Carlos Alvarado
Cuando era estudiante, sabía una regla muy simple: El examen lo hacía el maestro, las respuestas las daba el alumno y la calificación la ponía alguien distinto al examinado.
Parece lógico. Después de todo, si el propio alumno elabora el examen, elige las preguntas y además se pone calificación, todos terminarían con diez.
No porque fueran brillantes, sino porque nadie suele ser tan estricto consigo mismo como presume serlo con los demás.
Parece una escena escolar, pero en realidad describe algo que está ocurriendo en la vida pública del país.
Durante los últimos meses hemos visto cómo las reglas fundamentales del sistema político mexicano cambian una y otra vez, mientras quienes las modifican son también quienes explican por qué son correctas, quienes determinan cómo deben interpretarse y, cada vez más, quien decide si alguien tiene derecho a cuestionarlas.
Dicho de otra manera, el alumno está empezando a elaborar el examen, responderlo y calificarse solo.
La reforma judicial, se nos dijo, era una transformación histórica para resolver los problemas acumulados durante décadas y fortalecer la legitimidad del Poder Judicial.
Sin embargo, antes, incluso de consolidarse, ya experimenta modificaciones.
Ahora se habla de aplazar elecciones, reducir candidaturas, revivir estructuras eliminadas anteriormente y ajustar aspectos presentados hace apenas unos meses como virtudes indiscutibles.
Lo curioso no es la corrección de una ley, pues toda obra humana es perfectible. Lo curioso es la velocidad con la que lo intocable se volvió inmodificable. Resulta que aquello que no necesitaba una sola coma, ahora requiere cirugía mayor.
Al mismo tiempo, apareció otra reforma que merece atención: la posibilidad de anular elecciones por injerencia extranjera. Escuchada de forma superficial, parece una medida razonable; nadie quiere que intereses ajenos decidan el rumbo del país.
El problema comienza cuando se intenta aterrizar la idea de qué es exactamente una injerencia extranjera: dinero proveniente del exterior, una campaña digital, la opinión de un organismo internacional, un medio de comunicación extranjero o una plataforma tecnológica.
La respuesta no es clara. Cuando la norma tan delicada descansa sobre conceptos ambiguos, deja de generar certeza y comienza a reproducir sospechas.
Lo que debería protegerse es la confianza en las elecciones, y esto corre el riesgo de convertir cada resultado cerrado en una batalla interminable sobre teorías narrativas y presuntas conspiraciones.
Quizá el episodio más revelador ocurrió hace unos días en la Suprema Corte.
El asunto parecía sencillo: varias personas pidieron analizar si la reforma judicial era compatible con derechos fundamentales, con la independencia judicial y con los sistemas de los principios básicos constitucionales.
La expectativa natural era que el máximo tribunal estudiara estos argumentos y respondiera si se tenía la razón o no. Sin embargo, la respuesta fue distinta; la discusión de fondo ni siquiera ocurrió y la puerta se cerró antes de entrar.
La razón fue que la reforma constitucional previa estableció que estas ya no pueden ser impugnadas. En otras palabras, la pregunta dejó de ser si la reforma era correcta; la pregunta nueva es si alguien tiene derecho a formular la pregunta.
Ahí es donde estas tres historias dejan de ser asuntos separados, porque todas apuntan hacia el mismo lugar. La reforma judicial, la nueva causal de nulidad electoral y la decisión de la Corte comparten una lógica común.
Cada una amplía la capacidad del poder para definir las reglas del juego, reduce los espacios donde esas reglas pueden discutirse y fortalece la idea de la respuesta institucional frente a una crítica, que no busca necesariamente debilitarla ni debatirla, sino limitar la posibilidad de plantearla.
La historia demuestra que los países no tienen problemas cuando las instituciones son fuertes. El problema aparece cuando las instituciones dejan de aceptar controles porque se consideran suficientemente virtuosas para controlarse a sí mismas.
Es una idea muy seductora, pero también muy peligrosa, porque el poder siempre encuentra razones para convencerse de que actúa correctamente. Por eso, las democracias modernas inventaron tribunales, contrapesos, procedimientos y mecanismos de revisión.
No por desconfianza hacia una persona en particular, sino porque entendieron algo elemental sobre la naturaleza humana. Todos creemos tener la razón al tomar decisiones; precisamente por eso, alguien debe poseer la posibilidad de revisarlas.
Tal vez el verdadero debate de nuestro tiempo no sea quién gana una elección, quién llega a la Corte o quién tiene mayoría en el Congreso.
Tal vez la discusión más importante sea otra y mucho más sencilla: ¿queremos instituciones que acepten ser revisadas o instituciones que aspiren a declararse infalibles?
Porque cuando alguien comienza a escribir las reglas, interpretarlas y blindarlas al mismo tiempo, deja de comportarse como árbitro y comienza a parecerse demasiado al alumno que decidió calificarse solo.
Soy Carlos Alvarado y los invito a seguirme en mi redes sociales. Comentemos, analicemos y dialoguemos, porque la democracia no se debilita cuando hacemos las preguntas incómodas; se debilita cuando alguien decide que ya no deben hacerse. Gracias.
