La movilización de los trabajadores del sector salud marca el inicio de una posible radicalización de acciones por la falta de pago del programa estatal de profesionalización, informó la secretaria general de la sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Norma Castorena, antes del inicio de una marcha por la principal Avenida de Zacatecas,la González Ortega, que culminó en el palacio de gobierno.
La dirigente sindical comunicó que, tras un encuentro con el doctor Uswaldo Pinedo Barrios, secretario de Salud de Zacatecas, las autoridades sanitarias se limitaron a informar que la reunión prevista para el pasado lunes fue cancelada y está en proceso de programación.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, le manifestó que se espera una próxima mesa de trabajo para resolver el conflicto, pero al momento sin avances concretos.
Norma Castorena informó que entregó un pliego petitorio en las sedes de la Secretaría de Finanzas y de Salud, también será remitido a las oficinas del IMSS-Bienestar y al Gobierno del Estado.
El documento oficial, respaldado por la base trabajadora, denuncia el incumplimiento del pago a 288 enfermeras y 12 trabajadoras sociales que acreditaron su derecho desde la convocatoria de 2021.
Las exigencias del gremio están centradas en el pago inmediato e íntegro del programa de profesionalización, que es un derecho adquirido desde hace nueve años, pero solicitan una garantía por escrito que asegure la integridad de sus salarios y prestaciones durante el proceso de transición hacia el modelo IMSS-Bienestar, además de la seguridad de que no habrá represalias contra quienes participen en las protestas.
La secretaria general advirtió que, de no recibir una respuesta satisfactoria, la asamblea de trabajadores determinará las medidas de presión que se aplicarán a partir del día de mañana, Qué podrían incluir la toma del principal bulevar de la ciudad de Zacatecas, de las oficinas de finanzas y de salud.
El sindicato responsabiliza directamente a las instituciones por la falta de voluntad política para cumplir los derechos laborales consolidados y advierte que el conflicto escalará de manera progresiva hasta lograr una solución efectiva.
