La diputada Renata Ávila Valadez, llamó a no autorizar el aumento en la tarifa del transporte público en Zacatecas, porque afectaría la economía de las familias y no garantiza mejoras en el servicio.
Llamó al Gobierno del Estado a realizar un análisis serio y abrir procesos de consulta pública para escuchar a la ciudadanía reiteró la urgencia de avanzar en la aprobación de una Ley de Movilidad que establezca reglas claras, garantice orden y priorice un servicio digno, accesible y seguro.
Los concesionarios del transporte público manifestaran su intención de aumentar el costo en más del 20 por ciento, bajo el argumento del aumento al diésel y los costos de operación.
Renata Ávila índicó que el transporte público no puede entenderse únicamente como una tarifa, si no como un elemento esencial en la vida cotidiana de miles de personas que lo utilizan para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos.
El aumento propuesto de 10 a 12 pesos representa un impacto significativo en el gasto mensual, que pasaría de aproximadamente 400 a 480 pesos por persona, lo que equivale a cerca de mil pesos adicionales al año, por lo que, en familias, por ejemplo, de cuatro integrantes, el gasto anual podría incrementarse hasta en tres mil 840 pesos.
“La discusión no es de dos pesos. Es el impacto directo en la vida diaria de la gente, en su despensa, en sus medicamentos, en los útiles de sus hijas e hijos”, enfatizó.
Los últimos 16 años -agregó- hubo al menos seis aumentoss en la tarifa del transporte público en Zacatecas, pero no hay mejoras reales en la calidad del servicio, por eso cuestionó la lógica de seguir trasladando los costos a la ciudadanía.
Asimismo, señaló que justificar el aumento únicamente en factores como el costo del diésel evidencia la falta de una política pública integral en materia de movilidad. “Si cada variación la paga la gente, entonces no hay política pública, hay traslado de costos, y eso no es aceptable”, sostuvo.
Advirtió también sobre los posibles efectos negativos del modelo de modernización planteado, que podría incrementar el número de traslados que una persona debe realizar para llegar a su destino, generando mayores gastos, más tiempo de traslado y desgaste para las y los usuarios.
De igual forma, visibilizó la problemática de inseguridad en el transporte público, particularmente para las mujeres, quienes enfrentan situaciones de acoso tanto en paradas como dentro de las unidades, además de condiciones de saturación que ponen en riesgo su integridad, situaciones que vivió en carne propia.
