Las organizaciones que participaron en la marcha de este lunes en la ciudad de Zacatecas -campesinos, maestros, mineros, buscadoras, entre otros- anunciaron que promoverán juicio político contra el gobernador y exigieron la destitución de cuatro funcionarios estatales y uno federal.
Los responsabilizaron por la represión contra los productores de frijol y de ciudadanos que se manifestaron 9 de mayo en la capital del estado.
La exigencia fue planteada en una carta abierta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al pueblo de Zacatecas.
Las organizaciones acusan al gobierno estatal de violaciones a derechos humanos y de ordenar premeditadamente el operativo de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) el 9 de mayo en la manifestación en las inmediaciones del Multiforo, donde hubo un evento por el día de las madres, era pacífica.
Sostienen que campesinos y ciudadanos fueron golpeados y detenidos arbitrariamente mientras apoyaban la protesta con agua y víveres.
También señalan que el conflicto deriva de presuntas irregularidades y actos de corrupción en el programa de acopio de frijol.
Y afirman que los pequeños y los medianos productores fueron desplazados para beneficiar a intermediarios o “coyotes”, entre los que mencionan a funcionarios públicos y diputados locales y presidentes municipales; solicitaron a la presidenta una auditoría inmediata al programa.
Se denuncia la detención de Natalia Amaya Ibarra, Isaías Castro Trejo, Daniel Alberto Martínez Sepúlveda, Rubén Hernández Muñiz, Mario Zepeda Medellín, Rosa Isela Hernández, Juan Carlos Luna Flores y Eduardo Goitia Martínez.
Horas después, fueron detenidas María Isabel Murguía García, Isuri Márquez y María Eliza Dávila Durón, de 74 años de edad. Todas fueron liberadas tras la presión social y las movilizaciones.
Cusstionan la actuación del fiscal general del estado, al considerar que la liberación posterior de los detenidos no elimina el carácter arbitrario de las capturas ni la criminalización de la protesta social.
En la carta se exige la destitución del secretario general de Gobierno, del secretario de Seguridad Pública, del director de la Policía de Seguridad Vial y de Ángel Oláis Ávila, representante de Alimentación para el Bienestar, a quien responsabilizan del fracaso del programa de acopio.
Finalmente, denunciaron presuntas amenazas contra integrantes del movimiento por parte de elementos de la FRIZ; responsabilizaron directamente al gobernador ante cualquier agresión que pudiera ocurrir.
