Zacatecas, Sonora y el Estado de México registran los índices más altos de niñas, niños y adolescentes reclutados en grupos criminales, en un panorama nacional en el que 30 mil menores ya forman parte de esas estructuras y 250 mil más estan en riesgo de ser captados, como ha documentado la Red de los Derechos de la Infancia en México.
La senadora Geovanna Bañuelos propuso reformas al Código Penal Federal, a la Ley contra la Delincuencia Organizada y a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el fin de tipificar el reclutamiento de menores de edad.
En el caso de que el delito sea cometido por un servidor público, además de imponerse las multas del artículo 209 Septies y 209 Octies, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar cargo o comisión o cualquier otro de carácter público o similar hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
Mientras que en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se tipifica el delito de reclutamiento de menores.
La iniciativa establece la creación de un capítulo específico en el Código Penal Federal para sancionar estas conductas y contempla el aumento de las penas hasta en un tercio cuando existan agravantes como el secuestro, la tortura o la extorsión, o bien, cuando las víctimas sean menores de 12 años.
Se consideran como factores de vulnerabilidad la pobreza, la marginación, el abandono y la pertenencia a comunidades indígenas o afromexicanas.
Respecto a la responsabilidad de las autoridades, el texto legal la destitución e inhabilitación para servidores públicos que participen en estos actos, además de las sanciones penales correspondientes.
La senadora Geovanna Bañuelos puntualizó que estas medidas son necesarias para que el Estado reconozca a los menores como víctimas y no como criminales, enfrentando así la explotación que sufren a causa de la delincuencia organizada.
