En México hablar del agua es hablar de vida, desarrollo y futuro, por eso resulta preocupante que el Morena ponga en riesgo la certeza jurídica de quienes dependen de este recurso, así como la estabilidad social y productiva de regiones enteras del país, afirmó la diputada federal Fuensanta Guerrero.
E indicó que la Ley de Aguas fue aprobada por la mayoría artificial del oficialismo en el Congreso de la Unión, sin un proceso de diálogo amplio y sin escuchar tampco incorporar a las voces de los sectores productivos, comunidades rurales, especialistas y usuarios del recurso hídrico.
Y advirtió que, en los hechos, Morena instauró un esquema en el que cualquier trámite, omisión administrativa por mínima que sea, o modificación menor en la documentación puede convertirse en causal para suspender, multar o incluso cancelar concesiones de agua.
La también secretaria de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados cuestionó el trasfondo de la nueva legislación al señalar si se busca garantizar el acceso al agua como un derecho humano, o se pretende utilizar este recurso estratégico como un mecanismo de control político.
Fuensanta Guerrero sostuvo que “un país democrático no puede permitir que el recurso más básico para la vida sea administrado bajo esquemas centralizados, discrecionales y opacos, que abren la puerta al abuso de poder”.
Tras exigir transparencia, modernización y supervisión en el uso y administración del agua, la legisladora subrayó que Zacatecas, por su vocación agrícola, conoce de primera mano que el acceso al agua es la línea que define si una familia puede seguir trabajando su tierra o si se ve obligada a emigrar para sobrevivir.
Agregó que para miles de familias campesinas el agua con la que riegan sus tierras es mucho más que un insumo productivo, “es un legado que buscan heredar a sus hijas e hijos. Sin embargo, con esta reforma se destruye la certeza jurídica y hoy su patrimonio queda sujeto a una sola firma”.
Finalmente, rechazó el modelo legislativo impuesto por el oficialismo y advirtió que, en Zacatecas y en gran parte del país, el futuro de las familias rurales ha quedado a merced de la voluntad de una sola autoridad. “Esto es injusto, riesgoso y contrario a cualquier principio de seguridad jurídica”.
