La senadora Geovanna Bañuelos presentó una iniciativa para establecer el Registro de Menores de Edad Huérfanos por Feminicidio, y se busca identificar de forma inmediata a niñas, niños y adolescentes cuya madre haya sido víctima de feminicidio y garantizar su incorporación a programas de ayuda y protección.
La Senadora por Zacatecas destacó que en su estado se estima que existen 99 huérfanos a causa de feminicidios desde 2018 hasta la fecha.
En el periodo comprendido entre 2018, explio, cuando se decretó la Alerta de Violencia de Género en el estado, y 2024, se han contabilizado al menos 94 feminicidios, y de enero a octubre de 2025 hubo 13 homicidios dolosos de mujeres y cinco feminicidios.
“Cifras lamentables y dolorosas de la cual no podemos ser indiferentes. Datos que nos obligan a ser empáticos y generar acciones a favor de los infantes que han quedado en el desamparo y la orfandad”, declaró la senadora.
La iniciativa plantea reformar la Ley General de Víctimas y establece que la Comisión Ejecutiva tendrá la responsabilidad de crear, administrar y mantener actualizado el registro.
Además, deberá coordinar acciones con las instituciones de procuración de justicia, los sistemas estatales de atención a víctimas y las demás autoridades competentes.
El documento detalla que el registro integrará información obtenida de ministerios públicos, tribunales, órganos jurisdiccionales, sistemas estatales de atención a víctimas, sistemas DIF federal y estatales, instituciones de salud, y cualquier otra autoridad que conozca de los hechos.
Geovana Bañuelos señaló que “con ello, se construye una red de información sólida, evitando la dispersión que hoy caracteriza al tratamiento de estos casos”.
Y subrayó que la información contenida en el Registro será confidencial, se regirá bajo las normas de protección de datos personales, seguridad informática, interés superior de la niñez y no revictimización.
Al fundamentar su propuesta, la legisladora indicó que los niños, niñas y adolescentes que pierden a su madre por feminicidio permanecen al margen de la estadística oficial e invisibles para las instituciones, lo que los expone a una cadena de vulneraciones.
Y resaltó que la incorporación de un menor al registro tendrá efectos automáticos y vinculantes.
“Desde el primer momento, el Estado estará obligado a reconocerlos como víctimas indirectas, activar medidas de ayuda y asistencia, garantizar una valoración psicosocial especializada, brindar acompañamiento jurídico y psicológico, y asegurar su integración prioritaria al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”, especificó.
La creación del registro, afirmó, reducirá la incertidumbre sobre la custodia, los apoyos y la protección de la integridad emocional de los menores.
El registro permitirá conocer no solo la cantidad de menores en esta situación, sino también cómo evoluciona su estado a lo largo del tiempo, verificando si reciben apoyo emocional, si permanecen en un entorno seguro, si continúan su educación y si sus derechos son restituidos.
A nivel estructural, la creación del registro obligará a las fiscalías, tribunales familiares, sistemas DIF, procuradurías de protección e instituciones de salud a trabajar de forma coordinada, compartiendo información y activando rutas conjuntas de atención.
“Esta reforma representa un posicionamiento claro y firme: ninguna infancia víctima de feminicidio volverá a ser invisible para el Estado mexicano. En un país donde la violencia feminicida ha dejado heridas profundas, esta iniciativa significa reconocer las consecuencias más silenciosas de esa violencia y actuar en consecuencia. Es colocar a las niñas y los niños en el centro de la política pública, no como una consigna, sino como una obligación concreta y verificable”, concluyó.
