El diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, integrante de la en la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca atender la crisis de salud mental y las barreras estructurales que enfrentan las personas de talla baja.
El diputado por Movimiento Ciudadano expuso que la salud mental en México ha sido sistemáticamente ignorada y estigmatizada, a pesar de que las cifras muestran un deterioro acelerado que afecta directamente la vida de millones de personas.
La salud mental no puede seguir como un lujo, una vergüenza o un tema tabú, porque es un derecho y debe tratarse como tal, enfatizó.
Subrayó que factores como violencia escolar, acoso, pobreza, maltrato, abuso emocional y uso excesivo de tecnologías incrementan los riesgos, lo que vuelve indispensable actualizar el marco normativo con un enfoque real de prevención, atención y protección.
La iniciativa contempla medidas estructurales para asegurar una verdadera política pública de salud mental en el estado.
Entre esas aumentar la formación de psiquiatras, psicólogos clínicos y personal especializado, y crear nuevas plazas de residencia y ampliar la capacidad de los programas de formación.
Otorgar becas y estímulos a estudiantes comprometidos con trabajar en el sector público; dar incentivos salariales para especialistas que atiendan zonas rurales, indígenas o de alta marginación.
La certificación y actualización permanente del personal profesional; crear una Plataforma Estatal de Telepsiquiatría y Telepsicología, para garantizar cobertura donde no existen especialistas.
Diseñar protocolos de detección, prevención y actuación, además de mecanismos que impidan recortes al presupuesto destinado a salud mental.
“Sin recursos, sin profesionales y sin políticas públicas claras, no hay forma de combatir esta crisis. La reforma propone soluciones reales, sostenibles y obligatorias”, afirmó el legislador.
La iniciativa también atiende una deuda histórica con las personas de talla baja, quienes han enfrentado barreras físicas, sociales y culturales que las excluyen y las invisibilizan.
Propuso propone que la Constitución reconozca de forma expresa la obligación del Estado de cear políticas públicas para atender sus necesidades particulares.
Recopilar datos estadísticos que visibilicen su realidad; asignar presupuesto específico para programas y servicios dirigidos a este grupo.
E impulsar campañas de sensibilización para erradicar prejuicios y discriminación, y promover su inclusión plena en el ámbito laboral, educativo, de movilidad y salud.
“No basta con reconocer la diversidad humana; debemos garantizar condiciones reales para que cada persona viva con dignidad y sin barreras”, subrayó.
