La senadora Geovanna Bañuelos propuso modificaciones al artículo 24 Bis de la Ley General de Educación Superior para promover la investigación, el estudio, el desarrollo, la innovación, la formación académica y el uso ético y socialmente responsable de la inteligencia artificial (IA) en los centros públicos de educación superior.
Lo planteó así porque la Inteligencia artificial ofrece oportunidades inéditas, dijo, para fortalecer la investigación científica y humanística, ampliar las capacidades analíticas, acelerar la innovación y mejorar los procesos educativos.
Per plantea desafíos que no pueden ser ignorados, como un desarrollo ético, de la protección de la dignidad humana, del respeto a los derechos humanos, de la transparencia y de la rendición de cuentas.
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Al fundamentar la iniciativa destacó que la educación superior es un pilar estratégico para el desarrollo nacional, en este sentido, dijo, resulta indispensable fortalecer el papel de este nivel educativo como motor de innovación.
La propuesta reconoce a la inteligencia artificial como una herramienta estratégica para el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, económico y social del país.
“En nuestras universidades y centros de educación superior se forma el capital humano, se genera conocimiento y se construyen soluciones a los grandes desafíos públicos, sociales, científicos y tecnológicos que enfrenta México. Por ello, resulta indispensable que nuestro marco jurídico acompañe los profundos cambios tecnológicos que ya están transformando la manera en que se investiga, enseña y produce conocimiento”, mencionó.
Geovanna Bañuelos señaló que a nivel mundial existe un amplio consenso sobre la importancia de orientar la inteligencia artificial desde una perspectiva humanista, para garantizar que estas tecnologías estén al servicio de las personas y de la sociedad, y no al revés.
En el caso de México detalló que el marco constitucional y legal en materia de educación superior y de ciencia y tecnología ya reconoce principios como la responsabilidad ética, la libertad académica, la autonomía universitaria y el compromiso social del conocimiento.
Sin embargo, la Ley General de Educación Superior no contiene actualmente una referencia expresa a la inteligencia artificial como un campo prioritario de investigación, formación e innovación, ni establece lineamientos para su promoción y uso ético.
Explicó que su propuesta busca establecer una base normativa clara para que las autoridades educativas y las instituciones de educación superior promuevan de manera activa la investigación interdisciplinaria en inteligencia artificial mediante la incorporación progresiva de contenidos formativos en esta materia y orienten su desarrollo y uso bajo principios éticos y de responsabilidad social.
Asimismo, la propuesta fomenta la cooperación académica, científica y tecnológica, tanto a nivel nacional como internacional, con pleno respeto a la autonomía universitaria, y promueve la creación de consejos consultivos en materia de inteligencia artificial en las instituciones de educación superior, como espacios plurales de asesoría, evaluación y seguimiento de políticas y proyectos.