La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA)avanza la pretensión de imponer el proyecto de la presa milpillas en el estado de Zacatecas, con una estrategia de fragmentación social y presiones institucionales a pesar de que la obra carece de viabilidad técnica ambiental y financiera.
En un comunicado REMA señaló a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Procuraduría Agraria y a las alcaldías de Jiménez del Teul y Sombrerete, como los principales promotores de un proyecto que arrastra más de una década de irregularidades.
Según lo informado, se vulnera la soberanía de las asambleas ejidales mediante prácticas de coacción y desinformación para avanzar en una obra que no cuenta con los permisos agrarios necesarios.
Se calificó como un acto deliberado de engaño la versión oficial que sitúa las negociaciones en un cincuenta por ciento de avance y la REMA aclaró que no existe legitimidad en ningún acuerdo que no respete la toma de decisiones colectivas, y acusó a los funcionarios de utilizar a las presidencias municipales como operadores políticos para desacreditar a los defensores del territorio.
El Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco, respaldado por la REMA, expuso que la narrativa gubernamental sobre el «derecho humano al agua» en la zona conurbada de Zacatecas es utilizada para criminalizar la resistencia rural.
Y se subraya que ese modelo de gestión prioriza intereses económicos y políticos por encima de la sustentabilidad de las comunidades más marginadas del estado.
Se exige el cese inmediato a la intimidación y la transparencia total sobre los impactos del proyecto; responsabilizan a los tres niveles de gobierno por la integridad física de los integrantes del movimiento y solicitaron la intervención de organismos nacionales e internacionales ante lo que consideran una violación sistemática a los derechos de los pueblos rurales.
