Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión homologa el tipo penal con agravantes específicas y penas claras en todo el país, destacó la senadora Geovanna Bañuelos.
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT en el Senado se México lamentó quehoy la extorsión sea una de las heridas más profundas y dolorosas que padece México, porque es un delito que somete, que humilla, que paraliza comunidades enteras y que se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
De acuerdo con ñas cifras oficiales en el 2024 hubo más de 10 mil carpetas de investigación por extorsión en el país, y en el caso de Zacatecas, ese delito dejó de ser una práctica fragmentada y se convirtió en un mecanismo de control territorial.
En 2022 y 2023, Zacatecas se colocó entre los primeros lugares nacionales en incidencia de extorsión telefónica y presencial, un fenómeno que ha erosionado el tejido social, ahogado la actividad económica y obligó a muchas familias a cerrar sus negocios, a huir o a vivir a la sombra de la intimidación.
“Lamentablemente, en mi tierra, vuelve a repuntar. El Inegi revela que la extorsión es el delito más frecuente y también ostenta la mayor cifra negra pues en 2024 el 98% de los casos no se denunciaron. Y en lo que va de 2025, es el año con mayor número de detenciones; 39 en total”.
El Inegi revela que la extorsión es el delito más frecuente y también el que ostenta la mayor cifra negra pues en 2024 el 98% de los casos no se denunciaron.
“En municipios como Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas capital y Loreto, cientos de familias, transportistas, comercios y pequeños negocios han vivido bajo la amenaza constante del cobro de piso”.
Los que extorsionan afectan el patrimonio de las personas y destruyen su estabilidad emocional, rompen redes comunitarias y siembran terror.
Geovanna Bañuelos celebró la expedición de la ley, pues reconoció que la extorsión no se frena sin inteligencia, sin coordinación y sin investigación robusta y con ella se incorporan técnicas de análisis digital, mecanismos de intervención de comunicaciones, revisión bancaria, inteligencia operativa y la obligación de que las instituciones compartan información y actúen de manera conjunta.
Además de que la persecución de este delito será oficiosa, lo que significa que el Estado deberá investigar sin exigir a las víctimas que ratifiquen su denuncia, protegiendo su identidad y reduciendo riesgos mortales.
Finalmente, la líder parlamentaria enfatizó que esta ley es una declaración contundente que el Estado mexicano no cederá frente a quienes pretenden someter a la población mediante el miedo.
