El diputado federal Ulises Mejía Haro convocó a cerrar filas por una reforma electoral para fortalecer el sistema de partidos, a las autoridades electorales y, sobre todo, al voto ciudadano como eje de la vida democrática del país.
En su asamblea legislativa número 348, en el municipio de Nochistlán, Ulises Mejía explicó que la reforma muy probablemente se centrará en eliminar las figuras de representación plurinominal, para que toda persona que aspire a representar a la ciudadanía lo haga con voto directo y no a través del respaldo de grupos políticos cupulares.
Otro eje será la disminución del presupuesto a los partidos políticos, para que cuenten únicamente con los recursos necesarios para organizar los procesos electorales y no, como ocurre actualmente, con financiamiento permanente.
Subrayó que desde la cámara de diputados del Congreso de la Unión tienen la responsabilidad de regresar al territorio, no solo para informar sobre el trabajo que se realiza y para construir una agenda legislativa desde las comunidades, a partir de las problemas que la gente plantea, no desde la comodidad de una oficina, alejados de la realidad que se vive en el estado.
Y expuso algunas de las prioridades de su trabajo legislativo, como la asignación de presupuesto para mejorar las carreteras y fortalecer la conectividad regional.
O el respaldo al campo mediante el impulso a la agroindustria y a esquemas de agricultura por contrato que brinden certidumbre a las y los productores; el apoyo al pequeño comercio, sector que sostiene buena parte de la economía local y regional, a eso acciones se suman temas como la educación, el deporte y la salud.
Durante la asamblea, las y los asistentes también hicieron uso de la palabra para plantear de manera directa sus principales problemáticas, así como proyectos y propuestas orientadas a detonar el desarrollo económico y social de la región, mismos que, señaló el diputado federal, serán considerados para fortalecer la agenda legislativa y las gestiones correspondientes.
E hizo énfasis -como siempre- en que los programas sociales que hoy distribuye el Gobierno de México de manera universal a cerca del 80 por ciento de los hogares del país son derechos constitucionales del pueblo y no pueden ser utilizados para amedrentar ni condicionar a la ciudadanía.
Y llamó a denunciar y documentar cualquier intento de lucro con estos programas, al advertir que se trata de un delito que se sanciona con prisión.
