La senadora Geovana bañuelos propuso elevar a rango Constitucional la Pensión Mujeres Bienestas de 60 a 64 años, para evitar que quede a la buena voluntad de las adminsitración gubernamntales futuras.
En un comunicado, Geovana Bañuelos explica que eso significa reconocer que el bienestar no puede depender de la voluntad de una administración, entonces debe garantizarse como un derecho Constitucional.
Explicó que sustenta su propuesta en la reforma al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para así garantizar que la pensión que otorga el Estado sea un derecho de las mujeres de 60 a 64 años.
En la actuallidad, se explica en el comunicado, las mujeres de 60 a 64 años enfrentan una etapa de alta vulnerabilidad económica y social, muchas de ellas ya no participan en el mercado laboral formal, pero aún no acceden a la pensión universal para personas adultas mayores, lo que las coloca en un periodo de transición marcado por la incertidumbre económica, la dependencia y el riesgo de pobreza.
Con datos del CONEVAL, más del 60 por ciento de las mujeres mayores no tienen una pensión contributiva, eso evidencia una desigualdad estructural persistente.
“Esta exclusión no es resultado de decisiones individuales, sino de un modelo económico y social que durante décadas relegó a las mujeres del acceso pleno a derechos laborales y de seguridad social, a pesar de que su trabajo ha sido fundamental para el sostenimiento de las familias y comunidades del país”, aseguró.
Para solventar esta situación, Geovanna Bañuelos informó que la Presidenta Claudia Sheinbaum, implementó un apoyo económico dirigido a esta edad; no obstante, su carácter programático lo deja vulnerable a decisiones presupuestales, cambios administrativos o futuras reorientaciones de política pública.
“La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad, universalidad y progresividad, dejando en incertidumbre a miles de mujeres que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas”, subrayó la senadora.
Y explicó que su propuesta es para reconocer a nivel Constitucional el derecho de las mujeres adultas mayores de 60 a 64 años a recibir una pensión no contributiva del Estado, garantizar su permanencia, universalidad, progresividad y no regresividad en igualdad de condiciones con otros derechos sociales ya reconocidos en la Constitución.
