La protesta de los productores de frijol ha llegado al escenario legal, el abogado Jorge Rada denunció públicamente una «irregularidad institucional» sin precedentes porque la Coordinación General Jurídica del estado asegura no encontrar el convenio firmado ante notario para dar cumplimiento a los apoyos del sector del campo
Jorge Rada, en conferencia desde la Legislatura del estadona y acompañado por los productores de frijol, calificó como una falta de responsabilidad la respuesta oficial de las autoridades estatales que mediante un escrito, que ya circula en medios de comunicación, argumentan que la ausencia física del documento les impide darle seguimiento.
En respuesta, el abogado presentó una certificación del notario Jaime Casas Madero, esa acredita legalmente la existencia y validez del acuerdo.
«Es muy delicado esto, porque ya estamos hablando de que los funcionarios en lo individual están cometiendo irregularidades que implican faltas administrativas muy graves, advirtió Jorge Rada.
La estrategia jurídica, va a los juzgados de distrito e incluye solicitudes personales y formales para que las autoridades inicien el levantamiento inmediato del grano. El argumento legal central es la naturaleza del producto
Se exige el acopio basándose en que el frijol es un producto perecedero y cualquier demora que cause daño al grano generará un impacto de daños y perjuicios que el Estado deberá asumir.
Los productores están registran datos específicos como fecha de siembra, variedad de frijol y toneladas cosechadas para sustentar los reclamos institucionales.
Más allá del contrato, Jorge Rada sostiene que el gobierno ha violado la Constitución al modificar las reglas de operación de los programas sociales en perjuicio de los campesinos.
«No puedes modificar las reglas de operación vigentes porque eso causa un perjuicio y hay una aplicación retroactiva», explicó Rada, señaló que la ley puede ser retroactiva si beneficia al ciudadano, no si lo perjudica.
El equipo legal enfatizó que esta nueva etapa busca dar orden a la problemática. «El gobierno incluso debería estar agradecido porque nosotros ya vamos a encaminar esta lucha en el término institucional y jurídico», puntualizó el abogado al dar vista a los órganos de control encargados de vigilar las responsabilidades de los servidores públicos.
