El acoso escolar se ha consolidado como una de las principales causas de deserción en el ámbito de la educación básica, produciendo no solo un impacto negativo en el rendimiento académico y en consecuencias psicológicas severas y un aumento en la violencia juvenil.
A pesar de que la ley reconoce el derecho de los menores a vivir sin violencia, no especifica claramente la responsabilidad parental en la atención de este fenómeno.
Ante esta situación, la diputada Ana Isabel González González (PRI) presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Educación.
El propósito es establecer el acoso escolar como una responsabilidad compartida y cerrar los vacíos legales mediante la inclusión de un marco regulatorio que proteja a los menores.
La iniciativa define el acoso escolar como toda forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada por un estudiante hacia otro, con el fin de intimidar, excluir o dañar.
La legisladora expone que el Estado debe priorizar el interés superior de la niñez y garantizar programas y políticas públicas que aseguren su derecho a una vida libre de violencia.
Al establecer un marco regulatorio adecuado, se garantiza un entorno educativo más seguro y se ofrece a docentes y estudiantes herramientas para identificar y enfrentar el acoso.
El proyecto establece que los padres o tutores tienen la obligación de participar en programas de prevención y colaborar con las autoridades educativas para corregir las conductas de sus hijos.
También deben asegurar que reciban atención psicológica si la autoridad escolar así lo determina.
Para hacer efectiva la responsabilidad parental, la iniciativa propone la aplicación de un sistema progresivo de medidas para los padres o tutores del estudiante que incurra en acoso:
Ante la primera reincidencia, se aplicará amonestación y obligación de asistir a cursos de parentalidad positiva. En la segunda reincidencia, se aplicará una multa económica proporcional al ingreso familiar, determinada por la autoridad competente.
En la tercera reincidencia, se procederá a la canalización obligatoria a instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental.
La diputada enfatizó que toda sanción deberá guardar proporcionalidad, siempre garantizando el interés superior de la niñez y evitando criminalizar a los menores.
La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, establecerá los lineamientos necesarios para la aplicación de este nuevo capítulo.
