Antonio Valentín Argüelles Rivera
La semana pasada, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, debido a la presión social, ordenó congelar los ingresos para los diputados y eliminar cualquier bono navideño. Esto responde a la realidad ineludible del hartazgo de la ciudadanía ante los privilegios en un país donde la desigualdad es parte de la vida diaria.
La JUCOPO (Junta de Coordinación Política) tomó esa decisión política para enviar señales de un mínimo de coherencia con el discurso de austeridad. Que la dieta no se actualice desde 2018 es relevante, pero no suficiente para justificar incrementos en un clima social que exige congruencia antes que justificaciones.
La diferencia en las prestaciones entre trabajadores del Congreso y legisladores es profunda; sin embargo, comparada con la de las personas que a diario salen a buscar el sustento, es totalmente abismal.
Mientras la clase política presume renuncias simbólicas, para los trabajadores de a pie su salario define la estabilidad en su hogar.
Esto no es solo para diciembre; la verdadera prueba vendrá al revisar el tamaño y la utilidad que representa el gasto legislativo con unos diputados que poco o nada aportan de utilidad para el pueblo que los eligió. La transparencia disponible en portales y plataformas es un avance, pero la confianza ciudadana no se construye con documentos, sino con decisiones sostenidas en el interés público de la obra social antes que en el interés político.
Tenemos una porción de legisladores que dicen representar, cobran caro votar en contra del interés y las libertades del pueblo que los eligió, levantando su mano solo para avalar políticas contrarias a la libertad y violentando la progresividad de los derechos humanos, dando a un régimen el control sobre su pueblo.
El primer gran ejemplo lo tenemos con la reforma (sometimiento) al Poder Judicial, donde operaron atendiendo a lo que les imponía el tlatoani, teniendo como resultado la pifia de elección judicial donde el régimen operó en favor de los elegidos a través del acordeón judicial y toda su maquinaria electoral. El resultado lo vemos en decisiones que sostienen jueces y magistrados contra constancias o del debido proceso, terminando con los espectáculos en el desconocimiento de los principios del derecho en cada sesión.
Asimismo, tenemos la reforma a la Ley de Amparo donde los legisladores del régimen y sus socios decidieron mutilar y reducir la protección de la suspensión en el amparo indirecto, así como limitar la actuación de grupos vulnerables con la definición de interés legítimo.
De igual manera, la aprobación de la llamada «ley censura», donde de manera rápida, sin escuchar a los expertos, autorizó una porción de Diputados y senadores que sin necesidad de orden judicial, puedan rastrear su geolocalización (ubicación), sus compras en línea, sus redes sociales, sus llamadas y sus transacciones bancarias.
Por último, la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se aprobó sin escuchar a los agricultores, campesinos y ganaderos, quienes señalaron entre otras cosas que modificaría la transmisión y renovación de las concesiones de uso agrícola, debido a que plantea que estos derechos dejen de heredarse o venderse junto a sus tierras, así como la factibilidad de criminalizar a dicho sector de la sociedad mexicana. Derivado de lo anterior, vivimos bloqueos en algunas carreteras del estado de Zacatecas, pero ellos no sensibilizaron a los legisladores del régimen y sus socios.
Colofón
Los diputados cada tres años, o seis en el caso de los senadores, salen a las calles prometiendo escuchar a la gente de la cual ansían su voto, pero esa doble moral al llegar a los recintos legislativos es más que evidente. Hoy en día vemos lonas y publicidad digital donde señalan ofrecer un informe legislativo, pero que en realidad es un escaparate para mostrarse como aspirantes a futuros candidatos a gobernador. Pero, amigo lector, su trabajo legislativo ha hecho que usted vea reducidos sus derechos al aprobar leyes que centralizan el poder, el control, para someter a la población en un régimen que no quiere rendir cuentas o que se le cuestione.
Pero la buena noticia, amigo lector, es que los diputados y senadores pueden ser cuestionados y podemos revisar su trabajo legislativo y determinar si cumplen con sus expectativas, y si no, elegir en las boletas a otro, y castigarlos por omitir informar de las leyes que votan en favor de sus intereses y en contra de nuestros derechos humanos.
