Carlos Alvarado
Hay historias que explican mejor a México que cualquier informe de gobierno. Una de ellas ocurrió en Mininuma, Guerrero.
Ahí la gente no pedía trenes, aeropuertos o ceremonias con listón; pedía médicos, pedía medicamentos, pedía que el Estado recordara que existían.
Y ocurrió algo extraordinario: un juez federal tomó la Constitución en serio. Que eso parece una frase normal, pero en México a veces es un acontecimiento histórico.
El amparo obligó al gobierno a actuar y demostró que los derechos humanos no eran decoración jurídica ni frases para discursos de aniversario.
Veinte años después, la fotografía es mucho más incómoda. Desde esa misma tierra herida surgen víctimas que buscan justicia fuera del país.
Algunas llegan a San José de Costa Rica, otras intentan tocar las puertas de La Haya.
No porque les guste coleccionar sellos migratorios, sino porque sienten que aquí la justicia se convirtió en una sala de espera donde siempre falta un documento, una firma o una voluntad política.
Y en medio de esa realidad, aparece una sentencia reciente de la Suprema Corte que merece una reflexión seria.
La Corte nos dice que no existe una obligación constitucional específica para expedir una ley de desplazamiento forzado interno.
Jurídicamente el argumento podría discutirse, pero políticamente deja una imagen inquietante.
Todos vemos el incendio, todos aceptamos que hay humo, todos reconocemos que hay personas corriendo entre las llamas, pero la conclusión institucional parece ser que nadie estaba expresamente obligado a traer el extinguidor.
Y ahí aparece el problema de fondo: México ha desarrollado una habilidad extraordinaria para reconocer tragedias sin asumir responsabilidades.
Tenemos diagnósticos, foros, mesas y análisis de recomendaciones nacionales e internacionales, estadísticas, observatorios y discursos; lo único que suele faltar es la solución.
La sentencia nos recuerda que los jueces tienen límites, es cierto, pero también nos recuerda algo más incómodo: que entre las facultades del Congreso, las competencias del Ejecutivo y las restricciones del Poder Judicial, puede construirse un espacio perfecto donde los problemas permanecen vivos mientras que las responsabilidades desaparecen.
Es el triángulo de las Bermudas de la política pública. Ahí entran las víctimas y salen convertidas en expedientes.
Por eso Mininuma sigue siendo tan importante, porque representa una época en la que la pregunta era cómo obligar al poder a cumplir. Hoy pareciera que el discurso gira alrededor de quién puede explicar mejor por qué no está obligado a hacerlo.
La distancia entre Mininuma y La Haya no se mide por kilómetros, se mide en expectativas. Antes las víctimas acudían a los tribunales esperando justicia; ahora, muchas veces, acuden a los organismos internacionales esperando a que alguien, en algún lugar, al menos los escuche.
Y eso debería de preocuparnos más que cualquier condena internacional. Porque cuando una sociedad empieza a buscar justicia fuera de sus problemas, de sus fronteras, el problema ya no es jurídico, es una crisis de confianza.
Al final la pregunta no es si existe o no una obligación expresa para legislar, la pregunta es más simple y más incómoda: si todos reconocen el problema, si todos admiten el sufrimiento y si todos saben que hay personas desplazadas, ¿quién se hace responsable de resolverlo? Porque las víctimas pueden esperar muchas cosas del Estado, lo que resulta difícil de explicar es que, después de tantos años, todavía tengan que conformarse con explicaciones.
Yo soy Carlos Alvarado, te invito a seguirme en mis redes sociales, a comentar, analizar y a dialogar. Porque una democracia saludable no se mide por la cantidad de discursos que produce, sino por la cantidad de personas que deja de abandonar. Gracias.
