La senadora Geovanna Bañuelos propuso modificaciones al Código Penal Federal para tipificar como delito el coyotaje agrícola.
Se trata de evitar que los intermediarios se aprovechen de la necesidad y de la vulnerabilidad de los productores agrícolas, particularmente, en Zacatecas – líder nacional en producción de frijol- que a ese respecto enfrenta un problema muy serio.
En un comunicado, la senadora informó que la semana pasada 85 ejidatarios en la comunidad La Estrella, del municipio de Pinos, Zacatecas, le denunciaron prácticas abusivas y desleales en el acopio de frijol, por ejemplo, que “no les han comprado ni un kilo de frijol; por el contrario, lo compran a los grandes productores”.
“Hay una mafia de coyotes que no trabajaron la tierra un día del año, no se asolearon, no sembraron, no recogieron la cosecha. Pero eso sí, se aprovecharon de la necesidad de nuestros campesinos a quienes les compran a síete pesos el kilo de frijol y lo venden a 27 pesos. Así me lo han expresado productores de Miguel Auza, Juan Aldama, Río Grande, Sombrerete, Pinos entre otros municipios”.
Geovanna Bañuelos en su recorrido en la colonia El Cortijo, Jerez; la colonia Plutarco Elías Calles y la comunidad de Montemariana, Fresnillo, y La Comarca de Guadalupe, explicó que el incorporar el delito de coyotaje agrícola al Código Penal Federal responde a la necesidad de dotar al Estado de herramientas eficaces de disuasión y sanción frente a conductas que lesiona intereses individuales y la economía rural.
La iniciativa establece que el que comete coyotaje es aquel que intervenga como intermediario en la compra, acopio o comercialización de productos agrícolas para obtener un beneficio indebido mediante prácticas abusivas, además, de imponer precios injustamente bajos, engañar sobre condiciones de pago, manipular básculas o mecanismos de calidad, retener pagos de forma injustificada y utilizar.
Se propone sancionar con una pena de tres a ocho años de prisión y multa de quinientos a dos mil UMAS, lo que representa 58 mil 655 pesos a 234 mil 620 pesos, a quien realice coerción junto con una o más personas mediante amenazas o cualquier forma de intimidación.
Asimismo, la iniciativa impulsada por Geovanna Bañuelos contempla que en caso de que el delito sea cometido por una persona servidora pública, o haga uso de su cargo, funciones, información privilegiada o influencia derivada del ejercicio del servicio público para facilitar, encubrir o beneficiar la comisión del coyotaje agrícola; la pena se aumentará hasta en una mitad adicional a la que corresponda, y se destituirá de su cargo o comisión, así como la inhabilitación hasta por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.
En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable la creación de un Registro Nacional de Intermediarios Agrícolas, para terminar con la opacidad y asegurar que quien intermedie tenga nombre, reglas claras y responsabilidad.
Geovanna Bañuelos señaló que el coyotaje agrícola constituye una distorsión del funcionamiento competitivo del mercado agroalimentario, ya que impide la formación transparente de precios y concentra las ganancias en eslabones intermedios no regulados de la cadena productiva.
