Amigas y amigos que nos leen aquí en Radioevolucion.com, hay un debate reciente sobre la adquisición de vehículos para integrantes del Poder Judicial, en él se han cruzado argumentos legítimos sobre seguridad institucional y eficiencia administrativa con cuestionamientos ciudadanos en torno a la congruencia republicana, nosotros compartimos la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de nuestra dirigente nacional, Luisa María Alcalde Luján a cerca de la sobriedad en el ejercicio público.
Y es que es importante subrayar algo esencial, la austeridad que defendemos no es una austeridad simulada, no es un recurso discursivo para ganar simpatías ni un mecanismo de engaño político. Durante el periodo neoliberal se normalizó una narrativa de privilegios opacos, gastos discrecionales y decisiones alejadas de la mirada de la gente, esa contradicción minó la confianza ciudadana.
La austeridad republicana no significa precarizar al Estado ni debilitar sus capacidades operativas, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar seguridad a sus funcionarios cuando las condiciones lo ameritan y de dotar a las instituciones de herramientas adecuadas para cumplir sus funciones. lo que no puede permitirse es la ostentación innecesaria, la línea es clara, eficiencia sí; excesos, no.
En este sentido, celebro que estos temas se discutan de manera abierta y frontal, hoy no estamos ante decisiones tomadas en lo oscurito, ni frente a contratos ocultos bajo cláusulas de confidencialidad abusiva, estamos ante un debate público, ventilado en medios de comunicación, analizado en las conferencias matutinas de la presidenta y respondido por los actores involucrados sin evasivas, esa diferencia no es menor, nos habla de un cambio de régimen en términos de transparencia.
La presidenta Sheinbaum ha demostrado que gobernar con autoridad no es incompatible con escuchar a la ciudadanía. Cuando una decisión genera inconformidad legítima, se revisa; cuando existe justificación técnica, se explica. Esa es la política democrática: dar la cara, ofrecer argumentos y asumir las consecuencias. No hay espacio para la simulación ni para la retórica vacía.
Nosotros siempre respetaremos la autonomía de los poderes, pilar constitucional irrenunciable, pero también defendemos el derecho de la sociedad a cuestionar el uso de recursos públicos. La transparencia no debilita a las instituciones; las legitima. Y la legitimidad es hoy el principal capital político del Estado mexicano.
Nuestra obligación es actuar con claridad, con información verificable y con disposición permanente a rendir cuentas, si algo distingue a esta etapa de la vida pública es que los asuntos se afrontan de frente, sin rodeos ni silencios calculados.
La transformación que vivimos no puede sostenerse en discursos; debe sostenerse en coherencia. Autoridad sí, pero con humildad. Recursos públicos sí, pero con racionalidad. Esa es la diferencia entre un régimen que simulaba y uno que explica y corrige cuando es necesario.
